(Diario de Mallorca, 15/04/2013)

Juan Alemany Garcias (Palma, 1976) preside la Agrupación Balear de Técnicos Urbanistas, que se presentó en sociedad el pasado febrero ante más de doscientas personas. Esta entidad la integran arquitectos, abogados, ingenieros y geólogos. Arranca con veinte socios. Entre los miembros figuran el director de la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Tomeu Abad; el líder político del PI junto a Jaume Font y Antoni Pastor, Josep Meliá; y el arquitecto José María Mayol, entre otros. La agrupación pretende que las instituciones de la isla tengan en cuenta su criterio y participar en temas formativos. En un plano más teórico, aspira a "purificar" el concepto de urbanismo y disociarlo de la corrupción.

M. Manso Palma -¿Dónde se darán los próximos pelotazos urbanísticos en Mallorca?
-Espero que no se den. Los pelotazos se hacen por culpa de los operadores privados y por las facilidades de las normativas urbanísticas. El principio discrecional de la Administración pública deja en manos de decisiones políticas que un terreno genere plusvalías. Hasta que esto no se regule continuarán esos pelotazos que provocan injusticias en los ciudadanos.

-¿Se cumple la disciplina urbanística?
-Muy pocos alcaldes de Mallorca, especialmente en la Part Forana, cumplen la Ley de Disciplina Urbanística.

„¿Por qué?
-El restablecimiento de la legalidad urbanística consta de dos apartados. Por un lado, las sanciones y por otro, las demoliciones. Muchas veces se quedan con las sanciones y evitan las demoliciones porque muchos pueblos son pequeños y todo el mundo se conoce. No acaban de cumplir la Ley a menos que no quede más remedio o haya una sentencia como en el caso de ses Covetes.

-¿Ses Covetes es el triunfo de la sociedad civil con veinte años de retraso?
-Estoy a favor de la demolición, pero se ha tomado una decisión tarde, lo que ha provocado un problema institucional entre Consell y el ayuntamiento de Campos.

-¿Qué se hace con los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Balears y los políticos que propiciaron Son Espases? El Supremo ha sentenciado que la construcción del hospital fue ilegal.
-Una vez más, un caso de inseguridad jurídica y de decisiones tardías de los tribunales. Las consecuencias jurídicas y políticas se tendrán que resolver en un pleito por vía de responsabilidad patrimonial, que asumirán, si es el caso, las administraciones y no las personas. Por tanto, pagarían los contribuyentes. La falta de requisitos de impacto ambiental de los que habla la sentencia del Supremo se pueden solucionar por vía Administrativa.

-Como todos los governs, el de Bauzá no ha podido sustraerse a legislar en materia urbanística. Empezó con el decreto ley de Company con el que usted se muestra muy crítico.
-Como todas las normas que está dictando el Govern a través de decretos ley, no tienen racionalidad y calidad normativa. Este decreto ley tiene muchas deficiencias y además está premiando y amnistiando las urbanizaciones ilegales. En Palma hay muchísimas. Se les da fuerza para que lleguen a ser urbanas. Esto es potenciar la ilegalidad. Se genera poca seriedad si urbanizaciones que no tienen la dotación de servicios culminada y carecen de hasta red de alcantarillado las conviertes en urbanas.

-¿Qué se puede hacer con esas urbanizaciones nacidas al margen de la ley y con gente viviendo en ellas?
-Se las podría regular con una categoría diferente a la urbana, sin los privilegios de las urbanizaciones que han cumplido con la normativa.

-O que compensen a la Administración y al resto de los contribuyentes.
-Es evidente. A parte de que no han cumplido y se les premia, no se les sanciona y no están sometidas a la Ley de Disciplina Urbanística.

-¿La Ley del Turismo Balear supone un retroceso a los ochenta como dicen los arquitectos?
-Es que es una ley que no se ha pensado para el urbanismo, sino para agilizar el ´boom´ turístico y ser competitivos. Ha servido para incentivar la economía en tiempo de crisis y mejorar la oferta turística. Evidentemente, tiene incidencia en el campo del urbanismo.

-La presencia de políticos en activo y abogados y arquitectos municipales resta independencia a su organización.
-Creo que no. Las decisiones para que sean vinculantes tienen que tener doble vertiente, la de la Administración pública y la de profesionales independientes.

*Abogado, profesor de la UIB y presidente de la agrupación balear de técnicos urbanistas (abtu)