(Diario de Mallorca, 9/03/2013)

Company dice que el ejecutivo no colaborará con más ayuntamientos salvo en "circunstancias excepcionales"

S. Sansó. El Govern ha decidido pagar el 75% del coste de la demolición de los 68 apartamentos ilegales de ses Covetes, por las "circunstancias excepcionales" del caso. Así lo aclaró ayer el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, tras aprobar el Consell de Govern una aportación de 339.045 euros a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca, que será la encargada de ejecutar el derribo.

Company ha incidido en que el Govern contribuye porque es una situación única, pero no ha ofrecido más detalles sobre las razones que le han llevado a aliviar el coste económico que debía asumir el Ayuntamiento de Campos para hacer frente a sus responsabilidades judiciales. "Salvo casos muy excepcionales" el Govern no ayudará a otros ayuntamientos.

Sin embargo esta es una situación similar a la que se produjo hace un año cuando Govern y Consell ayudaron a partes iguales al ayuntamiento de Manacor para demoler el puente del Riuet de Porto Cristo, con una aportación de 200.000 euros cada administración, en base al acuerdo firmado en 2003 por el que también entre las tres asumieron el coste de su construcción por 1,1 millones.

El conseller eludió opinar sobre las consecuencias de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de suspender la licitación de las concesiones de hamacas, sombrillas y chiringuitos en es Trenc hasta que los apartamentos ilegales estén demolidos, aunque sí ha calificado de "extraño que vincule una cosa a la otra".

Por su parte la presidenta de la junta local del PP de Campos, Marga Prohens, ha criticado por una parte al anterior equipo de gobierno de centro-izquierda por no haber procedido a ejecutar la sentencia de derribo vigente desde 2007, y por otra la decisión del TSJB sobre es Trenc: "Esperamos que el juez rectifique; nos encontramos ante la pérdida de puestos de trabajo de más de cien familias".

El portavoz local de PSM-EN, Guillem Vidal, consideraba ayer "desproporcionada e inoportuna" la medida judicial ya que genera "unos efectos colaterales indeseables y que nada tienen que ver con la ejecución de la sentencia que obliga a derribar los apartamentos".