(Diario de Mallorca, 20/01/2013)

Los magistrados han concluido que ni Barceló ni Pons cometieron delito al denegar la construcción de una planta de prefabricados

diariodemallorca.es/Efe. Palma La Sección Primera de la Audiencia de Palma ha confirmado el archivo de la querella por presunta prevaricación administrativa interpuesta por el empresario de canteras Valeriano Allés Canet contra los expresidentes del Consell de Menorca Joana Barceló y Marc Pons, que en el actualidad son diputados del PSIB-PSOE.

Los magistrados de la Audiencia han ratificado la sentencia dictada el 11 de junio de 2010 por el Juzgado de Instrucción número 3 de Mahón que ordenó el archivo y sobreseimiento de las diligencias instruidas por esta querella, al concluir que "los hechos investigados no son constitutivos de delito".

La representación letrada de Valeriano Allés presentó un recurso de reforma contra el archivo de la querella y pidió nuevas diligencias para valorar la documentación del caso, pero fue rechazado por el juzgado instructor, que conformó el archivo, lo que motivó la presentación de un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma.

Los magistrados de la Sección Primera han concluido que ni Barceló ni Pons cometieron delito de prevaricación al haber denegado la construcción de una planta de prefabricados proyectada en el interior de la cantera Son Sintes de Ciutadella: "no hay evidencia de arbitrariedad en las resoluciones", han afirmado.

También han concluido que no constituyó ninguna ilegalidad que el Consell de Menorca se subrogase el expediente incoado por el ayuntamiento de Ciutadella a la empresa de Valeriano Allés.

Joana Barceló y Marc Pons prestaron declaración en calidad de imputados por este procedimiento el 5 de marzo de 2010 ante el juzgado instructor. Manifestaron que habían actuado conforme a las normas y procedimientos en vigor.

La denegación de licencia para una actividad industrial en la cantera de Son Sintes (Ciutadella), explotada por Valeriano Allés había sido ratificada en dos ocasiones, en primera instancia y por el Tribunal Superior de Justicia de Balears. Esta segunda sentencia es firme.

El Consell de Menorca impuso una sanción de 360.000 euros a Valeriano Allés después de haber instruido un expediente de disciplina urbanística por realizar una actividad industrial en suelo rústico, prohibida por el Plan General de Ordenación Urbana de Ciutadella y el Plan Territorial Insular de Menorca.