(Diario de Ibiza, 15/01/2013)

El propietario del terreno, el director de obra y el constructor alegan que solo se iba a rehabilitar un camino existente para la seguridad de los excursionistas | Los entonces jefe de Costas y aparejador de Sant Joan, que se enfrentan al pago de multas, dicen que sus autorizaciones se ajustaban a la normativa

NIEVES GARCÍA GÁLVEZ | IBIZA. El fiscal solicitó ayer tres años de prisión para el propietario de un terreno situado en la costa de la Cala de Sant Vicent, donde se ubica el faro de sa Punta Grossa, por intentar abrir en 2004 «una carretera» en la zona –calificada de especial protección–, así como para el director de la obra y el constructor que ejecutó una tercera parte de los trabajos antes de que se paralizaran.

Además, pidió que el entonces jefe de la demarcación de Costas, F. G. P., y el que era arquitecto técnico de Sant Joan, J. T. I., sean condenados a pagar multas de 90.000 euros e inhabilitados durante 12 años por autorizar unos trabajos que, según el fiscal, debían haber rechazado con solo echar un vistazo al proyecto. «Obviaron la legislación», resaltó el representante del Ministerio Fiscal, que retiró la acusación que pesaba contra el sexto procesado, de quien creía que formaba parte de la sociedad propietaria de la finca en la que se llevaron los trabajos pero que solo hizo algunos trámites relativos a la solicitud de autorizaciones por su amistad personal con el dueño.

Sin embargo, los tres primeros procesados sostuvieron que lo que se hizo fue simplemente rehabilitar un camino tradicional ya existente, que databa de 1870 aproximadamente y que permitía llegar al faro, para garantizar la seguridad de quienes por él transitaban, pues prácticamente había desaparecido. Los otros dos, a su vez, aseguraron que las autorizaciones que otorgaron se ajustaban a la normativa y que en ningún momento creyeron que el objetivo de la actuación fuera otro que recuperar ese sendero.

Los hechos

Los hechos, juzgados ayer por la Sección Primera de la Audiencia Provincial en Ibiza –la vista se reanudará el jueves en Palma para el informe de los abogados defensores, que piden la absolución de sus clientes–, se remontan al año 2001. En esa fecha el administrador solidario de Pompes S. L., J. M. P. U., adquirió la finca en la costa de la Cala de Sant Vicent en la que había un camino antiguo en el acantilado que lleva hasta el citado faro. «Intenté ir pero no me atreví», señaló J. M. P. U. sobre el estado en que se encontraba ese sendero por el que antiguamente, según varios testigos, transitaban carros tirados por animales para llevar comida hasta el faro. «El camino estaba borrado, abandonado», señaló el procesado, quien agregó que quiso recuperarlo para «evitar que alguien se matara por allí» y que su intención no era «hacer una autopista».

Ese mismo año se inició la solicitud de licencias. «Yo le encargué [al constructor] que antes de hacer nada tuviera todas las licencias», indicó el propietario que alegó que no cree que este se excediera en los trabajos porque «tenían instrucciones de no hacer un metro de más».

El proyecto fue encargado al director de obra, C. H. J., quien explicó que le indicaron que había que «rehabilitar un camino». Elaboró, teniendo en cuenta un informe de impacto ambiental, un firme de tres metros de ancho –para que pudiera pasar la máquina que debía trabajar– sobre los dos existentes, según declaró, aunque el fiscal y los agentes del Seprona apuntaron que había solo un metro de ancho de sendero. Además, se añadía un metro más de cuneta que al final no se hizo por la peligrosidad de la zona, en la que «todo temblaba» al pasar la máquina e incluso había desprendimientos.

«¿Se pretendía que el camino tuviera un ancho suficiente para permitir el paso de vehículos?», le preguntó el fiscal al propietario del terreno, que lo negó. «No», dijo. Sin embargo, según resaltó el representante del Ministerio Fiscal, que hizo mucho hincapié en esta cuestión, el proyecto que se redactó incluía el paso de vehículos de hasta tres toneladas y contemplaba una velocidad máxima de circulación de 40 kilómetros por hora, así como la realización de taludes, cunetas y desmontes.

Los permisos

En el año 2004 se obtuvieron las licencias correspondientes para la ejecución de las obras con el visto bueno de la demarcación de Costas y el Ayuntamiento de Sant Joan. El fiscal resaltó que ninguno de ellos tuvo en cuenta la legislación.

El primero señaló que recibió la documentación e indicó a los interesados que podían solicitar la declaración de obras de emergencia para prevenir o reparar daños en un camino deteriorado o tramitar una concesión que debía ser aprobada por orden ministerial si el terreno estaba en dominio público marítimo terrestre. F. G. P. dijo que mientras el segundo proceso seguía su curso, en marzo de 2004 autorizó las obras de emergencia, llegando a emitir un segundo informe en el que insistía que los trabajos habían de referirse «al paso de personas y conservación de taludes existentes». Con la autorización se quería «salvaguardar la responsabilidad patrimonial de la Administración en caso de accidente y la seguridad de las personas», señaló el entonces jefe de Costas, quien dijo que por el informe presentado no le dio la impresión de que se quisiera hacer otra cosa a pesar de los datos para el paso de vehículos.

Del mismo modo, el arquitecto técnico señaló que a pesar de ser la zona de especial protección, informó favorablemente al proyecto porque era rehabilitar el camino, «adecuarlo a las circunstancias de ahora». Negó que se estuviera haciendo un aumento de volumen, como prohibe la legislación en zona ANEI, aunque el fiscal dijo que aumentar el espacio del camino y excavar para hacerlo más ancho y darle más altura a los taludes sí supone incrementar su volumen.

El representante de la acusación interpeló a estos dos procesados por los expedientes sancionadores abiertos en Costas y el Consistorio. El primero se archivó sin sanción y el segundo se paró al iniciarse el proceso judicial.

Por su parte, el constructor, que llegó a ejecutar obras en un tercio del camino, unos 300 metros aproximadamente, resaltó que siguió las indicaciones del director de obra y que lo que hicieron fue rehabilitar el camino, para lo cual debían ensancharlo con el fin de que pudiera pasar la máquina. Sostuvo que no se excedieron de lo previsto, que fueron «respetuosos» y que la mayoría de taludes ya estaban.

El Seprona sostiene que se vertía material a la costa

Un agente del Seprona declaró que cuando fueron a la zona se había ensanchado el camino unos tres metros, se había vertido material sobrante a la costa y se habían hecho taludes y cortes en la roca. «Sin lugar a dudas había un impacto paisajístico importante», dijo. La denunciante de los hechos, Hazel Morgan, presidenta de Amics de la Terra, declaró que vio la ampliación del camino que antes era «un sendero fantástico para caminar, un poco peligroso». Un empleado del Govern sostuvo que emitió un informe desfavorable al proyecto por considerar que no se podía ejecutar en zona ANEI de alto grado de protección, mientras que varios testigos y peritos de las defensas sostuvieron que lo actuado no supuso impacto alguno, que se siguió el trazado original, que no se afectó a la vegetación y que incluso debía «alabarse» la actuación.