(Diario de Mallorca, 8/01/2013)

El PSOE reclama máxima transparencia y el PSM alerta de que el Supremo rechaza modificar el Plan General

JOSEP CAPÓ. PALMA La gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Palma prevé abordar hoy el inicio de la tramitación que supondrá la legalización del inmueble situado en sa Calatrava en el que el presidet José Ramón Bauzá tiene una vivienda.

Asimismo, en la misma sesión se prevé denegar la solicitud presentada por la entidad La Sirenita 10 S L –denunciante del exceso de volumen del inmueble– el reconocimiento como parte interesada en el expediente de modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de sa Calatrava.

A petición del grupo inmobiliario Castellví S. L, promotora del edificio, la gerencia prevé aprobar inicialmente la modificación del (PERI) de sa Calatrava con el fin de permitir que el inmueble en cuestión tenga más edificabilidad que la máxima permitida en el planeamiento actual.

Este mayor volumen fue concedido por el Ayuntamiento mediante la aprobación de un estudio de detalle que ha sido anulado por una sentencia del Tribunal Supremo a instancias de la Sirenita S.L. El grupo municipal del PSOE ha reclamado al equipo de gobierno la "máxima transparencia" en relación a las modificaciones urbanísticas que afectan a este inmueble.

En relación a la negativa de facilitar una copia del expediente al denunciante la portavoz del grupo municipal del PSOE, Aina Calvo, consideró que "el PP de Cort está haciendo un flaco favor al president Bauzá" ya que, además, tampoco se ha dado toda la información requerida a la oposición.

Al respecto, recuerdan que en la última comisión informativa del pleno el teniente de alcalde de Urbanismo, Jesús Valls, se comprometió a encargar un informe sobre la situación en la que se encuentra la licencia concedida después de la sentencia del Supremo que anula el estudio de detalle sobre el que se basó su concesión. Asimismo, recuerdan que hace un mes Valls aseguró no disponer de documentación de la modificación y se comprometió a facilitarla a la oposición en el momento en el que el borrador estuviera finalizado. Asimismo, afirman que la modificación "ha sido redactada por parte de la promotora y no por técnicos municipales".

Por su parte, el grupo municipal del PSM-IV-ExM esgrime una sentencia del Supremo que afecta a un inmueble de Castellón, ilegal según decisión judicial, y al que se quería legalizar mediante la modificación del Plan General, procedimiento que el Alto Tribunal rechaza por considerar que se trata "de una medida elusoria del cumplimiento de la sentencia".