(Diario de Ibiza, 30/12/2012)

El vicepresidente, Mariano Juan, defiende que el Govern compense, descontándolo de sus pagos, el beneficio que haya obtenido la constructora al no trasladar los áridos a un vertedero autorizado

E. RODRÍGUEZ | IBIZA. El Consell de Ibiza no varía su posición respecto a la tierra de la autovía del aeropuerto acumulada en Platja d’en Bossa, donde el Grupo de Empresas Matutes proyecta un campo de golf. Pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) que confirma la resolución del Govern, de abril de 2010, en que se ordenaba la retirada de los áridos, el vicepresidente primero y conseller de Territorio, Mariano Juan, considera que «no tiene sentido» trasladar la tierra «de un sitio a otro», debido al «coste económico y ambiental» que entrañaría una operación de este tipo.

El Govern balear, ahora del PP, en lugar de manifestar su satisfacción por haber ganado en los tribunales el pulso con la empresa constructora (UTE Accesos Ibiza), opta por no hacer comentario alguno porque «la sentencia no es firme». «El Govern no puede ni va a pronunciarse hasta que haya una resolución judicial definitiva», señala una portavoz de la conselleria de Administraciones Públicas.

El Grupo de Empresas Matutes, en cambio, sí que expresa su satisfacción por la resolución judicial y, a pesar de que el Tribunal Supremo ha confirmado que pactó con la constructora el depósito de la tierra para destinarla al campo de golf que proyecta en sus terrenos, insiste en que no quiere que se mantenga en sus fincas. «Lo hemos reclamado 40.000 veces», dice un portavoz del grupo empresarial ibicenco, que asegura que no se quieren aprovechar los áridos para el proyecto de golf previsto, en contra de los planes iniciales. «Nos alegramos de que se obligue a retirar la tierra porque el anterior Govern se había comprometido a hacerlo, pero no cumplió, al igual que el actual Ejecutivo, que tampoco ha hecho nada», agrega el portavoz, que no quiere añadir más.

La constructora alegó ante el tribunal que el vertido de tierra se llevó a cabo después de que se suscribiera el contrato de la obra de la autovía, el 26 de julio de 2005, y hasta octubre de 2006, y que no fue hasta 2008 cuando el Grupo Matutes empezó «a requerir reiteradamente su retirada». Anteriormente, el Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) presentó una denuncia en la Fiscalía, que abrió una investigación judicial por «apropiación indebida y supuesto delito contra el medio ambiente» que finalmente se archivó.

El conseller de Territorio asegura que el tema de la tierra de la autovía ya lo había «aparcado», aunque nunca ha mantenido ningún contacto con el Govern para tratarlo. «No sé qué querrá hacer el Govern. Hay otros temas más preocupantes y prioritarios porque en este caso no hay un riesgo de contaminación», explica.

Mariano Juan es partidario de que la tierra se quede en Platja d’en Bossa para «evitar el tráfico de miles de camiones [76.000, según el Govern], con el consiguiente consumo de gasóleo y el deterioro de la carretera por una cosa que solo es llevar tierra de un sitio a otro». «Todo este trajín me parece una barbaridad», destaca, a lo que agrega: «La tierra no contamina ni hace ningún daño. Se ha hecho una cuestión política para evitar que un señor [Matutes] se aproveche de las tierras. Este hombre pedía que las retirasen de allí. No sé si se aprovecha o le molestan», indica.

Compensar el beneficio

El también vicepresidente de la institución asegura que el traslado de los áridos a una cantera en vías de regeneración también supone un beneficio para la propiedad de la misma. «Qué mas da que la aproveche este hombre o la cantera, que hace un negocio», cuestiona Juan, quien insiste en que desconoce si el Grupo Matutes necesita la tierra para el proyecto del golf.

En todo caso, el conseller entiende que la constructora de la autovía no puede obtener un beneficio por dejar la tierra en Platja d’en Bossa. La sentencia del TSJB destaca que la UTE Accesos Ibiza «violó las reglas en que se sustenta el equilibrio económico financiero del contrato administrativo». Para ello, Juan entiende que el Govern debería calcular la diferencia del coste que supone no haber trasladado la tierra depositada en Platja d’en Bossa a un vertedero autorizado y «compensarlo» descontándolo del canon anual que abona a la constructora. «Veo más razonable esto que mover la tierra», dice.

Por su parte, el exconseller insular de Medio Ambiente Albert Prats, de Eivissa pel Canvi, considera «increíble» que el Govern del PP alegue que ni la Administración ni la constructora tienen dinero para retirar los áridos, «como si la obligación fuera compartida». «O que se refieran al coste medioambiental que supondría. Es precisamente el coste medioambiental y económico de este proyecto lo que provocó que tantos nos opusiéramos. Pero el caso es que la UTE firmó un contrato con aquellas condiciones [que la tierra se llevaría a un vertedero] y todos los ciudadanos estamos pagando dolorosamente este contrato año tras año». Prats también lamenta «el posible delito ecológico que supone el vertido de centenares de miles de metros cúbicos de tierra en la zona periférica del Parque Natural sin licencia ni control de ningún tipo».

Infracción urbanística: Ni Sant Josep ni el Consell actúan pese a la denuncia presentada por Gent per Eivissa

En enero del año pasado Gent per Eivissa (GxE), socio político del PSOE, presentó en el Ayuntamiento de Sant Josep un escrito en el que reclamaba que adoptara las medidas necesarias para forzar la retirada de los 400.000 metros cúbicos de tierra acumulados en Platja d’en Bossa e incoara un expediente de infracción urbanística a los responsables del vertido. Al no obtener ningún tipo de respuesta del Ayuntamiento, GxE pidió en julio al Consell que se subrogara la competencia de disciplina urbanística para restablecer la legalidad alterada. Sin embargo, el Consell tampoco ha actuado, según GxE. «¿Piensan hacer algo el Ayuntamiento y el Consell, que llevan casi un año sin contestar la denuncia de GxE?», preguntaba GxE ayer a través de Twitter.

El conseller de Territorio, Mariano Juan, aseguró ayer que no tenía constancia de la denuncia de GxE. Juan reconoció que los movimientos de tierra, salvo para el cultivo, sin licencia suponen una infracción urbanística.

«Este caso [el de la tierra de la autovía] es especial porque no sé si la constructora tenía una autorización para llevar a cabo una acumulación de tierra temporal», dice. En todo caso, el conseller admite que, en caso afirmativo, la UTE Accesos Ibiza «ya debería haber quitado la tierra».