(Diario de Mallorca, 23/11/2012)

Distintas fuentes técnicas y políticas creen que la inversión pública será inferior al millón de euros

T. O. A contrarreloj. La reciente resolución judicial que obliga a la demolición de los 68 apartamentos inacabados y abandonados de ses Covetes obliga a ponerse las pilas a las instituciones públicas. El alcalde de Campos, Sebastià Sagreras (PP), informó ayer que la dirección general de Arquitectura del Govern está elaborando un proyecto sobre el derribo ordenado por el juez. Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Balears exactamente ordena al alcalde a registrar ante el Tribunal y antes del 15 de enero, el proyecto de demolición "de todo lo construido". Antes del 15 de marzo deberán haber empezado las obras.

Una sentencia del TSJB en 2007 ya dio luz verde a eliminar el polémico complejo urbanístico. El Consell confeccionó un plan de derribo que valoraba la operación en 1.099.000 euros (apuntar que la redacción técnica ascendía a unos 100.000 euros y la gestión de los residuos, 500.000). Ahora, técnicos y políticos creen que el nuevo proyecto de demolición tendrá un coste inferior. El alcalde quiere que el Consell, Govern y Gobierno central también se impliquen en todos los gastos.