(Diario de Mallorca, 21/11/2012)

PP y +Acció reiteran que "la voluntad es cumplir con la justicia" pero temen "cometer ilegalidades" en el proceso

T. OBRADOR Mucha confusión. La reciente resolución judicial que ordena derribar los 68 apartamentos inacabados y abandonados de ses Covetes está causando auténticos quebraderos de cabeza a técnicos y autoridades políticas del ayuntamiento de Campos. El pacto formado por el PP y +Acció, con Sebastià Sagreras y Guillem Ginard al frente, reiteró ayer que "el Ayuntamiento, evidentemente, cumplirá con la justicia", si bien teme "cometer ilegalidades" en el complejo proceso. En este sentido, incluso se desconoce si por el hecho de haberse anulado la licencia municipal de obras "se tendría o no que requerir el derribo al grupo promotor de la urbanización".[Nota de Disúrbia: tot això ja és ridícul, està ben clar que en cap cas s'ha de requerir al promotor, sinó que ha de ser el propi ajuntament qui s'encarregui de la demolició, que és el que ha ordenat el tribunal.]

Así las cosas, el Consistorio insiste en que el recurso remitido al juez "no es para protestar ni oponernos a nada, simplemente es para aclarar dudas". En esta línea, una de las principales conclusiones tras estudiar el auto dictado la pasada semana se basa en advertir al juez de que "no hay tiempo material" para demoler los edificios en menos de seis meses. "Se trata de cumplir pero con una hoja de ruta que indique con garantías si se pueden o no saltar determinados trámites; qué hacer con el gran volumen de residuos y su caro tratamiento; si Medio Ambiente debe o no hacer un informe vinculante al ser una zona protegida, etc", sostiene PP y +A.