(Diario de Mallorca, 10/10/2012)

Sucesivas sentencias judiciales obligan a derribar un inmueble de la avenida Lluís Alemany, que está habitado y tiene actividad comercial

I. MOURE / L. GUTIÉRREZ La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) pidió mediante una providencia el mes pasado al ayuntamiento de Andratx que "identifique" las actuaciones que ha realizado para hacer cumplir una sentencia que obliga a demoler un edificio de tres plantas en la avenida Lluís Alemany, actualmente habitado y con actividad comercial.

El litigio arrancó hace un par de décadas. El primer fallo judicial que ordenó el derribo fue dictado en 1990 por parte del TSJB, al concluir que una parte del inmueble estaba ubicada sobre suelo no urbanizable, tal y como denunció un particular. Este razonamiento fue ratificado después, en el año 1998, por el Tribunal Supremo. En otras resoluciones posteriores, el TSJB desestimó los intentos del Consistorio de frenar la demolición. El Ayuntamiento andritxol se amparaba por ejemplo en el argumento de que la infracción urbanística había prescrito.

"Imposibilidad material"

También arguyó la "supuesta imposibilidad material" de ejecutar la sentencia, ya que, dijo, "no es posible" una demolición parcial del edificio que se ubica sobre suelo rústico. El TSJB desestimó la justificación municipal y, en el caso del segundo argumento, recordó que la sentencia anula la "totalidad de la licencia concedida" y que, por eso, "no cabe sostener la legalidad de una parte y la ilegalidad de otra".

A requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Balears, en 2010 el Ayuntamiento elaboró un calendario con los plazos para ejecutar la operación de derribo. Según establecía la providencia judicial, el mes de abril del año pasado comenzaba un plazo de nueve meses para la contratación y redacción del proyecto.

A continuación, se fijaba otro periodo de seis meses para formalizar la operación, a contar desde la entrega del proyecto de demolición.
En ese planning municipal, se hablaba también de un plan de realojo de los afectados mediante un sistema de viviendas de alquiler o la compra de pisos nuevos.

El mes pasado, el TSJB pidió a la administración municipal que informe de las actuaciones que ha realizado para dar cumplimiento a estas medidas. También solicitó que concrete si la modificación de las normas subsidiarias implica la legalización de esta construcción.

El Consistorio trabaja en la regularización

El regidor de Urbanismo del ayuntamiento de Andratx, Pep Toni Olivares (PP), aseguró ayer que su departamento trabaja en la actualidad para conseguir que todo el solar donde se levanta el edificio objeto de litigio cuente con la calificación de suelo urbano, mediante la modificación de las normas subsidiarias del municipio. "Con eso, conseguimos regular la situación dentro de la normativa urbanística vigente", manifestó Olivares. Un proceso de legalización que, según agregó, debería hacer que se revisase la sentencia [Nota de Disúrbia: això seria inconstitucional i provocaria la nul·litat absoluta de la modificació de planejament...]. No obstante, reconoció también que el Ayuntamiento baraja la opción de reubicar a los vecinos y al equipamiento comercial existente .