(Diario de Ibiza, 4/10/2012)

El gobierno de PSOE-Pacte de Sant Josep acordó el cierre, pero el actual defiende que solo falta un informe de Seguridad Aérea para legalizarla

E. RODRÍGUEZ | IBIZA. El Tribunal Superior de Justicia (TSJB) ha confirmado mediante una sentencia la medida adoptada por el Ayuntamiento de Sant Josep en septiembre del año pasado, aún gobernado por PSOE-Pacte, por la que se ordenaba la paralización y clausura de la antena de telefonía móvil de France Telecom España S.A. (Orange) ubicada junto a la carretera de Sant Josep a la altura del desvío hacia el aeropuerto. El tribunal entiende que la Administración tiene «la obligación» de impedir la actividad «clandestina» de esta antena. «Frente a los intereses en conflicto, prima, sin duda, el interés de la colectividad sobre el particular de la entidad demandante, aunque con ello se cause indirectamente un perjuicio a los usuarios, que verán dificultada su comunicación por la desinstalación de la antena», dice la sentencia.

Precisamente, la empresa de telecomunicación alegó ante el tribunal el perjuicio que causaría a los usuarios el desmantelamiento de la infraestructura, al tiempo que defendió que no podía considerarse una actividad clandestina al estar en marcha el proceso de legalización de la misma.

El concejal de Gobernación de Sant Josep, Serafín, Grivé, confirmó que a día de hoy solo queda pendiente el informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que es vinculante, para que France Telecom pueda legalizar la antena. «Sería muy cruel forzar el desmantelamiento de la antena y que poco después la empresa ya cuente con los permisos necesarios para volver a instalarla», indicó el concejal, que agregó que, según su información, el informe de AESA «está al caer». La antena se encuentra en zona de confluencia de tráfico aéreo.

Grivé señaló que el Consistorio aún no ha recibido la sentencia, que es del pasado 4 de septiembre, y añadió que, hasta ese momento, no se adoptará ninguna decisión. Además, destacó que si se retira la antena de telefonía móvil «se perjudicaría a 20.000 personas».