(Diario de Mallorca, 25/09/2012)

Fueron registradas el pasado jueves ante los juzgados de Manacor - "Estoy tranquilo porque he actuado correctamente", apela el conservador

S. SANSÓ. Un conocido vecino de Felanitx ha interpuesto ante el juzgado de instrucción número tres de Manacor, hasta cinco querellas criminales contra el alcalde del Partido Popular, Biel Tauler, por presuntos delitos penales cometidos durantes sus últimos años de mandato.

Concretamente las querellas se basan por un lado, en la no persecución de distintos casos de irregularidades urbanísticas en Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) y, en concreto, de la dejación de responsabilidades respecto al chalé construido cerca del castillo de Santueri. En febrero de 2011 el Consell multó ya a su propietario, un empresario afín al PP, con 720.000 euros por obras ilegales y le obligó a demolerlas.

Otra es por un presunto caso de favoritismo cuando supuestamente Tauler dejó caducar un expediente sancionador y otro de demolición que afectaba a un inmueble situado en pleno centro de la ciudad (donde se alzaba el viejo Cine Principal), propiedad de un familiar, a cambio, según el abogado del querellante, Andreu Rotger, de una plaza de aparcamiento a su nombre en la misma finca.

Tauler aseguró ayer conocer desde el pasado viernes la interposición de dichas querellas criminales, pero señaló que está "tranquilo" y que respeta "el trabajo judicial". "No me preocupa porque en todo momento he actuado correctamente. El tema del ANEI está delegado en la Agència Insular d´Urbanisme del Consell [Nota de Disúrbia: suposam que es refereix a l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, que no té cap competència delegada per l'Ajuntament de Felanitx...] y en cuanto a la finca a la que se refiere este señor, es cierto que tuvo problemas para obtener el final de obra, dificultades que se subsanaron. El aparcamiento es un tema totalmente independiente".

Las otras tres querellas hacen referencia, por una parte, al pago de una factura por una cantidad superior a los 300.000 euros a un arquitecto local y con un informe en contra de la interventora municipal. Por no exigir el permiso de apertura a un negocio de una dirigente del PP local, situado en una zona grafiada como verde dentro del Plan General.

Y finalmente por haber encargado, siendo concejal de Urbanismo primero y alcalde después, distintos trabajos a una imprenta local donde trabajaba hasta esta última legislatura.