(Diario de Mallorca, 15/05/2012)

Los afectados por la sentencia de 2000 que obliga a Cort a demoler 14 construcciones consideran que no se puede ejecutar la orden judicial

J. CAPÓ. PALMA Los propietarios de las catorce parcelas situadas en una urbanización ilegal de Son Anglada sobre cuyas edificaciones pesa una sentencia de 2000 que obliga al ayuntamiento de Palma a derribar estas construcciones consideran que Cort no puede ejecutar la orden judicial por cuanto existe un auto anterior, plenamente válido, y que no ha sido anulado.

Este pronunciamiento judicial previo al fallo da su conformidad a un decreto de alcaldía dictado por el entonces alcalde Ramón Aguiló, por el cual se obliga a los propietarios a vallar y limpiar los solares [Nota de Disúrbia: i què té que veure una cosa amb l'altra??].

Según uno de los propietarios afectados por la sentencia que obliga a derribar las construcciones realizadas sin las correspondientes autorizaciones, "la existencia de este auto y de la licencia fue maliciosamente ocultada al juzgado por parte del Ayuntamiento". Insisten en que el juzgado no ha resuelto ni la prescripción ni ha dictado la nulidad del decreto municipal que les obligó en su momento a vallar y limpiar los solares". Asimismo, insisten en que a lo largo del dilatado proceso que ha durado más de veinte años, aunque la sentencia que les obliga a derribar las edificaciones es de 2000, el procedimiento se ha hecho mal. Entre otras cuestiones porque no se ha notificado de forma individual a los 14 propietarios afectados ni por parte del Ayuntamiento cuando abrió el expediente de disciplina urbanística, ni por parte del juzgado en ninguna de las fases de la instrucción. Por ello, consideran que la sentencia de 2000 es nula de pleno derecho y, además, no es de aplicación porque está prescrita.