(Diario de Ibiza, 18/04/2012)

Hace más de un año que el TSJB ordenó la demolición de un garaje y una piscina en una mansión situada en pleno acantilado

J. LL. F. | IBIZA Vecinos de na Xemena han exigido al alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, que cumpla la sentencia de derribo recaída sobre una obra ilegal construida en este paraje costero. En marzo de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) confirmó la ilegalidad de una piscina y un garaje de una mansión construida en pleno acantilado y obligaba al Consistorio a «restaurar la legalidad infringida» mediante la demolición de estas dependencias.

En septiembre, el alcalde confirmó que el promotor había agotado el plazo de dos meses que se le había otorgado para presentar un proyecto de legalización, por lo que la única salida era el derribo de estas estructuras. Además, el Ayuntamiento aseguró que esa demolición se produciría de forma rápida.

Sin embargo, transcurridos siete meses desde entonces, el Ayuntamiento no ha procedido aún a la eliminación de estas dependencias, por lo que el vecino Forest Wayne Barter ha anunciado su intención de acudir al TSJB para reclamar la ejecución de la sentencia.

Además, este mismo particular ha dirigido un escrito al alcalde en el que le reclama oficialmente la consulta del certificado final de obra de esta construcción.

Forest Wayne afirma que hasta ahora el Consistorio no le ha permitido obtener copias de este expediente, a pesar de que «es público y puede ser consultado por cualquier ciudadano», afirmó en declaraciones a este periódico.

«Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte», recuerda el escrito de este vecino, aludiendo a la normativa vigente sobre esta materia.

El mismo escrito enviado al alcalde destaca además que quien solicita la copia del expediente instó en su momento el procedimiento sancionador que culminó en la orden de derribo, por lo que su «derecho» en este caso «es más que claro».

La sentencia del tribunal balear emitida en marzo de 2010 [Nota de Disúrbia: no, va ser en 2011] criticaba duramente al actuación del Ayuntamiento, ya que desoyó las «reiteradas» denuncias de los vecinos. La de Sant Joan fue una «actuación contraria a los estándares mínimos de eficacia que le son exigibles por su posición de garante de la legalidad urbanística», afirmaba el fallo emitido hace ahora más de un año por el TSJB.