(Diario de Ibiza, 12/04/2012)

Su abogado considera «excesivo» que el celador inspeccionase la zona de sa Caixota el martes cuando lo solicitó a la alcaldesa el 22 de febrero

E. R. IBIZA. La propiedad del antiguo bloque de apartamentos Residencial Vista Alegre, en sa Caixota, considera «excesivo» que el Ayuntamiento de Sant Josep haya tardado «casi dos meses» en intervenir: enviar un celador de Obras, constatar que el derribo no figuraba en el proyecto de consolidación de la zona y que no se amparaba en licencia alguna. «El Ayuntamiento no se puede esconder», dice el abogado de la propiedad del edificio, Josep Lluís Ríos, que lamenta que el Consistorio, pese a sus requerimientos, no haya actuado hasta que este diario informó sobre la demolición.

Josep Lluís Ríos explica que el 10 de febrero descubrió por «sorpresa» que las máquinas estaban echando abajo el bloque de apartamentos, sin la autorización de sus representados. Días después, el 22, lo comunicó por escrito al Ayuntamiento. En ese documento, dirigido a la alcaldesa, Neus Marí, Berris, el representante de la propiedad solicitaba una visita de inspección de los técnicos municipales y que se verificase si el derribo del Residencial Vista Alegre figuraba en el proyecto de consolidación de la zona aprobado por el Consistorio y que, además, se requiriera a los promotores del proyecto (la junta de compensación de la urbanización) y al contratista de la obra para que explicasen las razones por las cuales se decidió tirar abajo el bloque de apartamentos.

Posteriormente, el 7 de marzo, Josep Lluís Ríos se reunió con el edil de Urbanismo, Javier Marí, para explicarle cuál era la situación y reiterar la petición formulada por escrito el 22 de febrero. El letrado asegura que, entonces, Javier Marí le dijo que los servicios jurídicos de la institución lo estaban estudiando.

El pasado jueves este periódico publicó que se había derribado el edificio sin la autorización de la propiedad. En ese momento, el edil de Urbanismo no pudo precisar si la obra estaba amparada en una licencia. El martes siguiente, el primer día después de las vacaciones de Semana Santa, un celador de Obras visitó la zona y el Consistorio, tras constatar que no se había autorizado el derrumbe, decidió abrir un expediente de disciplina urbanística.

Josep Lluís Ríos considera «correcta» la medida adoptada por el Consistorio, pese a que se haya tardado demasiado. De hecho, el abogado apunta que si se hubiera actuado antes de la asamblea de los representantes de la urbanización Vista Alegre de finales de marzo, éstos podrían «haber asumido entonces las consecuencias» de la demolición ilegal. Además, el representante del Residencial Vista Alegre resta importancia al hecho de que el expediente se dirija contra la propiedad del inmueble y no la junta de compensación, la que encargó el proyecto de consolidación y ha ejecutado las obras, incluido el derribo. Si no se alcanza un acuerdo, la propiedad del inmueble reclamará a toda la urbanización el pago de la sanción económica que le pueda imponer el Consistorio por la demolición.

Sobre la retirada de los escombros, Ríos sostiene que el Ayuntamiento no le puede obligar a sacarlos sin consolidar antes no solo la parcela del Residencial, sino también la colindante, en la que los antiguos propietarios proyectaban 24 ´semiadosados´. «Si ahora retirásemos los escombros, toda la tierra que se ha acumulado en la parcela vecina se nos echaría encima y podría provocar un nuevo deslizamiento del terreno», advierte.

«La protección de Costas no preocupa»

El abogado de la propiedad del Residencial Vista Alegre, Josep Lluís Ríos, resta importancia al hecho de que buena parte del terreno que ocupaba el edificio (600 metros cuadrados, una tercera parte, según él) invadía la franja de protección de Costas. «No nos preocupa», sostiene Ríos, quien asegura que lo que queda libre de parcela es «suficiente» para ejecutar el hotel que pretenden levantar con el diseño del arquitecto Ricardo Bofill. «No estamos locos. No queremos hacer un gran hotel, sino algo al estilo de Las Brisas. Puede tener 800 metros cuadrados», dice el abogado, quien no renuncia a obtener 400 metros cuadrados más de construcción al amparo de los últimos cambios en la normativa turística impulsados por el Govern balear. e. r. ibiza