(Diario de Mallorca, 5/04/2012)

La exalcaldesa cumplió con la exigencia del TSJB y presentó la ´hoja de ruta´ que le reclamaban

JOSEP CAPÓ. PALMA. La resolución del Supremo, adelantada por este diario, se queda de momento sin efecto. La exalcaldesa de Palma, Aina Calvo, no deberá responder con su patrimonio personal a la sanción impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) por no haber ejecutado la demolición de 14 viviendas ilegales en Son Anglada, puesto que cumplió con las exigencias del tribunal y presentó, en el plazo de dos meses, la "hoja de ruta" para proceder a la ejecución de la sentencia.

En 2009 el TSJB requirió a la alcaldesa para que, en el plazo de dos meses, presentara una "hoja de ruta" para la ejecución de una sentencia firme que databa de 2000, por la que se ordenaba la demolición de unas obras ilegales realizadas en 1987. El requerimiento señalaba también que en caso de incumplimiento se impondría una multa contra el patrimonio personal de la primera autoridad municipal consistente en el pago de 1.000 euros los tres primeros meses siguientes y de 600 euros por cada semana consecutiva trascurrida si haber ejecutado la orden de demolición.

El Ayuntamiento recurrió la sentencia al Supremo y, paralelamente, presentó la "hoja de ruta" en el plazo señalado por el TSJB. Prueba de ello es el escrito de noviembre de 2009 en el que el tribunal da "por cumplimentado" el requerimiento. Además, tal como señalaron desde el equipo de gobierno y del grupo municipal socialista, "la hoja de ruta" también se empezó a cumplir.

El 15 de julio de 2010 la gerencia de Urbanismo ordenó la demolición de las 14 viviendas afectadas. En el momento del cambio de gobierno municipal Cort estaba pendiente de entrar –por vía judicial– en las casas con el fin de conocer las condiciones en las que se debía ejecutar la demolición.

De hecho, sólo dos propietarios de los catorce afectados autorizaron la entrada de los técnicos municipales, por lo que en el resto se debía solicitar el acceso por vía judicial. El inicio de las construcciones ilegales en Son Anglada data de 1997. Las primeras denuncias contra las obras se produjeron por parte de la asociación de vecinos Ses Cases de Son Anglada en 1998. Tras años de vicisitudes judiciales, la primera sentencia firme fue recibida en el Ayuntamiento en 2000, dando la razón a los vecinos denunciantes y obligando al Ayuntamiento a ejecutar la demolición. Entre 2000 y 2009 el Ayuntamiento no hizo nada al respecto incumpliendo durante todo este tiempo la orden de demolición, que ya era firme desde 2000.

En 2009 el TSJB reclama a Cort la ejecución de la sentencia, imponiendo, dada la "complejidad" de la actuación, la redacción de una "hoja de ruta" en el plazo de dos meses y dando dos años para la ejecución de la demolición. Cort recurre al Supremo y, paralelamente, cumplió lo ordenado por el TSJB.

Isern adoptará las medidas necesarias

El alcalde de Palma, Mateo Isern, confirmó que "la cuestión de la sanción" quedó resuelto puesto que el anterior Consistorio presentó la documentación que le requerían. Ahora, después del rechazo de la casación por parte del Tribunal Supremo corresponderá al actual Ayuntamiento ejecutar la sentencia. Isern indicó que Cort "adoptará" las medidas necesarias para ejecutarla y dar alternativas a las familias afectadas.