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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Artà: el alcalde acuerda enviar a Fiscalía la desaparación del dinero municipal

(Diario de Mallorca, 1/03/2012)

Equipo de gobierno y funcionarios cierran un pacto de silencio para que la investigación no trascienda

S. SANSÓ. ­El ayuntamiento de Artà enviará a Fiscalía la supuesta desaparición de dinero público por parte de una funcionaria municipal. Así lo consensuó el alcalde Jaume Alzamora (Independents) en la junta mantenida con los portavoces de todos los partidos del pacto (Convergència-Els Verds-Independents) y oposición (PSOE y PP) anteayer, momentos antes del pleno ordinario.

El caso surgió a mediados del pasado mes de enero, cuando se descubrió la falta inicial de casi 40.000 euros en el área de cobro de sanciones de disciplina urbanística. La elevada cantidad y el hecho de que resultara "violento" que la investigación la llevara un técnico del consistorio, hizo que se pidiera la ayuda de un instructor de la conselleria de Interior del Govern para que determinara la implicación o no de esta funcionaria en la presunta desaparición de efectivo, técnico que llegó a Artà hace aproximadamente dos semanas. Alzamora niega que la cantidad sea tan elevada y la cifra en "alrededor de los 6.000 euros de descuadre".

Sin embargo en varias juntas de portavoces anteriores, ya se había informado a la oposición de la aparición sospechosa de pequeñas cantidades de dinero en sobres junto a los expedientes de infracción urbanística.

La futura intervención de Fiscalía ha hecho que el Ayuntamiento tuviera que prescindir ayer mismo del instructor del Govern Lluís Grau, ante la imposibilidad de que dos organismos investiguen por separado el mismo presunto delito. "Creemos que es la mejor forma de que esta persona pueda defenderse y demostrar su inocencia", especifica el alcalde, que se compromete a hacer públicos los resultados de las investigaciones "cuando finalice el procedimiento".

Pactos de silencio y discrepancias

Precisamente el propio Jaume Alzamora auspiciaba ayer junto al resto de partidos del pacto y los funcionarios locales, un comunicado de prensa en el que pedía a este periódico "que no publique noticias que generen, de forma innecesaria, una gran alarma entre el colectivo de trabajadores y la población en general", y antepone la presunción de inocencia como máxima.

De hecho y sobre todo tras la reunión mantenida por la mañana con los trabajadores de la corporación local, muchos de los regidores y funcionarios consultados durante el día de ayer por Diario de Mallorca, admitieron la existencia de un pacto de silencio para evitar hablar sobre la presunta desaparición injustificada de dinero del erario público.

Pero el problema puede acarrear otros vaivenes políticos. Los acontecimientos y la falta de entendimiento sobre la mejor manera de afrontar el caso han hecho saltar también las discrepancias internas dentro del mismo gobierno de centro-izquierda. Mientras que para unos era mejor continuar con la investigaciones internas sin dar parte a Fiscalía, "al tratarse la funcionaria de una persona muy conocida en el pueblo", para otros regidores era la forma más idónea de depurar las presuntas responsabilidades por los hechos.

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