(Diario de Ibiza, 2/02/2012)

El Consistorio sostiene que ha vencido el plazo que el TSJB dio al denunciado para presentar un aval de garantía

E. R. | IBIZA. El Ayuntamiento de Sant Antoni reclamará ante el juez el pago de la multa de 222.500 euros impuesta a un particular por unas obras ilegales en una zona protegida (ANEI y ARIP) de Sant Mateu al vencer el plazo para presentar un aval de garantía por el mismo valor.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dejó en suspenso hace unos meses el pago de la sanción al entender que la cuantía es «muy elevada para cualquier economía doméstica y particular». El tribunal otorgó la suspensión cautelar (mientras se tramita el contencioso interpuesto contra el expediente de infracción urbanística) del abono de la sanción, pero con la condición de que el denunciado presentara un aval por el mismo valor como garantía.

Una portavoz del Consistorio explicó ayer a este periódico que el plazo dado por el tribunal para hacer efectiva la garantía se ha superado con creces y la institución no tiene constancia de que se haya efectuado. Por ello, el Consistorio remitirá «de inmediato» al tribunal un escrito en el que solicitará que le confirme si se ha hecho o no efectivo el aval y para que, en el caso de que no se haya cumplido el mandato judicial, se exija el pago de la sanción.

El Ayuntamiento acordó en julio de 2010 imponer una sanción de 222.500 euros al recurrente por la comisión de una infracción urbanística grave por la construcción de una vivienda de planta baja y una altura de 70 metros cuadrados cada una en una ANEI, la edificación de una casa de 68 metros cuadrados en ARIP y la ampliación de un almacén (de 24 a 60 metros cuadrados), y la construcción de una piscina, ambas también en zona ANEI. El denunciado alega que parte de las obras no se han hecho en su propiedad, la construcción cuenta con licencia y que, de existir alguna infracción, ya ha prescrito.