(Diario de Mallorca, 16/01/2012)

El alcalde Pastor señala que los servicios jurídicos están estudiando la viabilidad de la medida, una vez los pisos afectados han recobrado su valor

S. SANSÓ. ­El ayuntamiento de Manacor está estudiando la posibilidad de no terminar de pagar las indemnizaciones pendientes a los afectados por la construcción en 2003 del famoso puente elevado del Riuet de Porto Cristo. Lo que supondría no tener que desembolsar cerca de 130.000 euros, lo que unido a las ayudas de hasta 330.000 euros acordadas con el Govern y el Consell para hacer frente conjuntamente a la demolición, equilibrarían los presupuestos todavía pendientes de aprobación.

El alcalde Antoni Pastor señaló hace unos días que los servicios jurídicos del consistorio ya están trabajando en la posibilidad. Varios vecinos ya tienen el dinero proveniente de la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ingresado en sus cuentas (unos 180.000 euros), por la devaluación del valor de sus viviendas debido a la edificación de la polémica infraestructura.

Una vez demolida y reestablecido el orden paisajístico anterior, el Ayuntamiento entiende que los pisos han recobrado el valor de mercado y no se siente en la obligación de pagar "por unos perjuicios que ya no están", decía Pastor, que pese a ello deja la decisión final a los técnicos: "serán ellos los que tengan la última palabra en los próximos días, para saber si es posible, o si primero tenemos que pagar y después interponer una demanda para la devolución de todo el dinero". Una cosa sí que está clara, el equipo de gobierno formado por PP y AIPC no piensa quedarse de brazos cruzados y va a reclamar todas las cantidades.

El último vecino en cobrar dicha indemnización por devaluación ha sido el portavoz de la plataforma contra el puente, Jaume Vives, quien hace unas semanas cobraba 131.000 euros por dicho concepto.

De todas formas hay que tener en cuenta todavía lo que puede ser el siguiente conflicto abierto entre afectados y Ayuntamiento: la permanencia de los denominados miradores dejados, según el anterior concejal de Urbanismo Llorenç Bosch, como encofrados de seguridad, pero que son vistos por los vecinos como una nuevo provocación y un incumplimiento del auto de demolición en su totalidad.