(Diario de Ibiza, 13/01/2012)

El exregistrador de la propiedad declara que «cuando se pidió la licencia ya se habían hecho segregaciones» sobre la parcela reseñada en el proyecto

E. RODRÍGUEZ | IBIZA. El exregistrador de la propiedad y exjefe de la oficina liquidadora Hipólito Rodríguez Ayuso declaró el miércoles ante el juez que «no es cierto» que el terreno en el que construyó su casa, en la zona de Cap Martinet, en Santa Eulària, estuviera «catalogado como especialmente protegido con imposibilidad de edificar».

Rodríguez Ayuso declaró el miércoles como imputado por un supuesto delito contra la ordenación del territorio a raíz de la denuncia presentada por el exedil del PP de Vila Jaime Díaz de Entresotos, quien sostiene que la vivienda se levantó en «un paisaje protegido» y, entre otras cosas, que la superficie de la parcela registrada , de 4.272 metros cuadrados, es «muy inferior a la presentada en el proyecto básico y reseñada en la licencia, de 69.077 metros». Denuncia, además, la existencia de elementos de la casa, como una terraza o planta sótano, no reseñados en la licencia, que amparaba una construcción de 435,31 metros cuadrados. No obstante, en la actualidad la superficie registrada, a la que se le ha agregado el sótano, es de 1.060,35 metros, «sin contar terrazas ni piscina».

En su declaración ante el juez, Rodríguez Ayuso dijo que nunca se acometió ampliación alguna de la casa. El exregistrador de la propiedad reconoció, según fuentes judiciales, que «la finca grande» medía 69.067 metros cuadrados y que «cuando se pidió la licencia ya se habían hecho segregaciones».

También declaró que actualmente es propietario de tres parcelas colindantes con una extensión de «algo menos de 12.000 metros cuadrados». Precisamente, al ser preguntado por el juez sobre cuál era la parcela mínima para construir en el momento en el que obtuvo la licencia, el declarante señaló que «serían unos 10.000 metros cuadrados», si bien agregó que «no estaba seguro».

Las obras empezaron en 1987 y, tras un periodo en el que se interrumpieron los trabajos, culminaron en 1998, según la declaración de Rodríguez Ayuso, quien aseguró al juez que dispone del documento que acredita el final de obra.

Actualmente sobre el terreno de 69.077 metros cuadrados existen 11 viviendas, incluida la de Rodríguez Ayuso, según recoge la denuncia. El miércoles estaban citados a declarar dos vecinos, como testigos, pero no se presentaron.

En respuesta a las preguntas de su letrada, el declarante aseguró que el constructor de la casa fue César García Quetglas, una de las personas, junto a Díaz de Entresotos, contra la que interpuso en 2007 una querella por un presunto delito societario. Considera que la denuncia del exedil de Vila es «una venganza» y una estrategia para «ahogarlo económicamente».

El entramado de sociedades

Rodríguez Ayuso se negó a responder a las preguntas de la abogada de la acusación debido a la querella. En todo caso, el juez accedió a que las preguntas previstas quedaran recogidas en el acta. La mayoría de ellas versaban sobre si era consciente de las supuestas irregularidades de la vivienda y, entre otras, si era miembro de la Comisión Insular de Urbanismo cuando se ejecutó la casa.

Por otra parte, la querella que presentó en 2007 Rodríguez Ayuso contra César García Quetglas, Jaime Díaz de Entresotos y el abogado Jesús María Gil Lamata se fundamenta en un presunto delito societario en torno a los negocios inmobiliarios promovidos por todos ellos a través de un entramado de sociedades. A través de una empresa de la que Díaz de Entresotos era el administrador se nutrían con los fondos que aportaban otras sociedades de Hipólito Rodríguez y García Quetglas unas filiales creadas para ejecutar los proyectos inmobiliarios. Una de ellas, asociada con una empresa estadounidense, promovió el edificio Géminis, en Platja d´en Bossa, en el solar donde se levantaba el antiguo hotel Insula Augusta.

Posteriormente, los tres socios acordaron comprar una promoción a medio hacer en el municipio de Adeje, en Tenerife, y para ejecutar las obras se creó otra filial, administrada en este caso por el abogado Jesús María Gil Lamata, contra el que Rodríguez Ayuso también se ha querellado. Las fuentes consultadas apuntan que este proyecto tuvo complicaciones y se encareció mucho, lo que obligó a pedir un crédito bancario para hacer frente a los gastos. A partir de aquí empezó a haber problemas, aunque otras fuentes apuntan que también los hubo durante la venta de locales del edificio Géminis. En declaraciones a este periódico, Rodríguez Ayuso explicó hace dos días a este periódico que, presuntamente, hubo absentismo en las obligaciones de sus socios y, sobre todo, faltó una cantidad enorme de dinero, del orden de seis millones de euros.