(Diario de Ibiza, 12/01/2012)

El exregistrador, imputado por un presunto delito urbanístico, se niega a responder las preguntas de la acusación particular

J. LL. FERRER | IBIZA. ­El exregistrador de la propiedada de Ibiza Hipólito Rodríguez Ayuso declaró ayer como imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de Ibiza. En su comparecencia, Rodríguez Ayuso defendió la legalidad de sus actuaciones en la construcción y ampliación de una vivienda que posee en la zona de Jesús.

El exregistrador, ya jubilado, se negó a responder a las preguntas formuladas por la abogada de la acusación particular, que ejerce el exconcejal del PP de Vila Jaime Díaz de Entresotos –procedente del bufete de Miquel Roca Junyent, de Barcelona–.

El imputado, a su salida del juzgado, declinó hacer declaraciones a los periodistas, pero aseguró que en su vivienda –de más de 1.000 metros cuadrados de superficie– «no hay ningún exceso de construcción» y tampoco ha habido ampliaciones. La abogada que lo defiende, Ascensión Joaquinet, no quiso tampoco responder a las cuestiones planteadas por los informadores.

El fiscal que lleva el caso, Mario López, explicó que las indagaciones del Ministerio Público se centran en averiguar las fechas en que se tramitaron y aprobaron las obras –construcción y ampliaciones– objeto de la denuncia formulada contra el exregistrador. El motivo de ello consiste en determinar si realmente se ha producido, como sostiene la defensa de Rodríguez Ayuso, la prescripción de los hechos que se le imputan. El fiscal recordó que el plazo en que prescribe un delito penal –según la antigua versión del Código– era de tres años, aunque con el nuevo es de cinco. Para las infracciones administrativas, el plazo de prescripción se sitúa en los diez años. [Nota de Disúrbia: si es vol fer referència a les infraccions urbanístiques, el termini de prescripció realment és de vuit anys]

Por ello, la Fiscalía de Ibiza se ha dirigido a los denunciantes para que aporten todas aquellas pruebas y otros elementos que permitan comprobar que se han producido las ampliaciones denunciadas y cuándo.

La denuncia presentada contra el exregistrador asegura que la vivienda fue autorizada con 435,31 metros y, en cambio, acabó teniendo 1.060,35, sin contar terrazas ni piscina. Del mismo modo, la parcela de terreno en que se ubicó sería de 4.272 metros, en vez de los 69.077 metros que figuraba en el proyecto y la licencia.