(Diario de Mallorca, 14/12/2011)

Consideran que la sentencia estipula que la zona debe quedar exactamente como estaba antes de la obra

S. SANSÓ Los afectados por el puente del Riuet de Porto Cristo, registraron hace unos días ante el Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB), una solicitud para que se cumpla íntegramente lo estipulado en el último auto de la sentencia de demolición, que dictaba que la zona debe quedar tal y como estaba antes de la construcción de la polémica infraestructura.

Acabados los trabajos de despiece del vano y los pilares de la obra por parte de la empresa navarra Erri-Berri, ahora solo faltan diversos retoques en ambos extremos. Entre ellos la habilitación de dos zonas peatonales con sendos miradores en los estribos, que serán rematados por barandillas de protección. Unas vistas al Riuet que los vecinos de las fincas afectadas ven con bastante preocupación, al sentir coartado de nuevo su derecho a la privacidad.

El que está previsto en la parte norte, afecta a una piscina comunitaria de todo un bloque de apartamentos, visible actualmente desde el espacio que se pretende adoquinar. En el otro extremo, el más conflictivo, la terraza todavía dificulta incluso la apertura de varias ventanas de habitaciones y comedores de pisos de la finca Cap des Toll. "Pese a que finalmente retiren los restos del muro lateral que nos lo impide, nuestras viviendas quedarán visibles y accesibles para cualquiera que transite por estos espacios".

El documento registrado, especifica que los vecinos perjudicados solo pretenden que el ayuntamiento de Manacor devuelva a la zona el estado que tenía en 2003, cuando se empezó a construir el puente. Una construcción que siete años más tarde fue ratificada como ilegal y que en septiembre empezó a demolerse.

Aún falta por conocer también, cuál será el futuro de los dos entrantes de hormigón que sustentaban los pilares y los anclaban varios metros bajo el agua. De momento parece que no hay intención tampoco de eliminarlos.

"Hace un mes que no llama"

El retraso acumulado por el derribo (que empezó el 26 de septiembre y debía concluir definitivamente el 20 de noviembre), ha sido seguido al detalle por el magistrado Gabriel Fiol, presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo encargada del caso, quien ha apremiado en numerosas ocasiones al Ayuntamiento para que no demorara la sentencia. "Hace ya casi un mes que no llama", decía a finales de la semana pasada un técnico municipal, "desde que vio que la parte principal dejaba de existir".

Por otra parte, las embarcaciones de recreo que tuvieron que abandonar sus amarres, al estar a menos de 15 metros de las obras, van ocupando poco a poco de nuevo sus espacios.