(Diario de Ibiza, 12/11/2011)

Afirma que su detención se basó solo en la declaración de un testigo resentido con él. El abogado del empresario dice que la Fiscalía le atribuye una obra en Cala Tarida que no existe

J. LL. F. | IBIZA ­El empresario de Santa Eulària Alberto Torres, que fue detenido en verano de 2009 dentro de las diligencias penales seguidas contra el ex arquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta ha enviado un escrito al juzgado que instruye el caso para solicitar que se archive todo lo relacionado con él al considerar que «no existen indicios racionales de que Alberto Torres haya cometido ninguno de los hechos que dieron pie a su imputación», afirma el escrito enviado por su letrado.

Torres sostiene que su imputación, detención e ingreso en prisión se produjo con «una única prueba, irrelevante y carente de valor», en alusión a la declaración del testigo Dionisio García, que fue empleado de Torres en sus negocios urbanísticos.

El escrito del letrado del empresario afirma que García declaró en contra de Torres por «motivaciones económicas». En un anónimo que el testigo envió en mayo de 2009 a Torres, «pedía dinero a cambio de no ir a la Fiscalía con dicho texto». «A los pocos días de la detención de Alberto Torres, pusimos en conocimiento del juzgado quién era el testigo, y que a este le movían cuestiones pecuniarias y que era incierta su denuncia», la cual «no tenía credibilidad alguna», afirma el abogado del empresario de Santa Eulària.

En todo caso, «la única evidencia que permite imputar e introducir a Alberto Torres en la presente causa la ofrece el citado testigo», añade el escrito dirigido al juzgado.

Además, también alude a supuestas contradicciones de Dionisio García en sus declaraciones, como las relativas al desarrollo de la comida que tuvo lugar en un restaurante de Cala d´Hort. El abogado de Torres afirma que García contó los hechos de dos formas diferentes en las ocasiones en que habló de ello en la instrucción de la causa. También destaca el escrito de Torres que la Fiscalía confunde una parcela de Cala Carbó con una de Cala Tarida, donde el Ministerio público atribuye a Torres una construcción con exceso de edificabilidad «cuando la pretendida construcción en Cala Tarida no existe», asegura.