(Diario de Ibiza, 26/10/2011)

El empresario imputado en el caso de supuesta corrupción urbanística en Sant Josep critica la «condena social» que asegura le provoca el retraso

REDACCIÓN | IBIZA. El empresario Alberto Torres, imputado en el denominado caso Huerta de supuesta corrupción urbanística en Sant Josep, ha denunciado reiteradamente en el juzgado «el retraso y las dilaciones en la investigación» de la causa, iniciada hace ya más de tres años, al considerar que esta tardanza le ocasiona «indefensión» y una «condena social innecesaria».

El abogado Salvador Ferrer, representante de Torres, negó a este periódico que en una comida celebrada en un restaurante de Cala d´Hort entre los promotores del complejo urbanístico de Cala Molí, concejales del Ayuntamiento de Sant Josep, el entonces arquitecto municipal, Antonio Huerta, el empresario Alberto Torres y otras personas vinculadas con la obra, se planearan «supuestos hechos no ajustados a la legalidad». Según consta en el sumario y reveló Diario de Ibiza el pasado jueves, el certificado de final de obra de las construcciones efectuadas en el complejo de Cala Molí fue otorgado sin que llegara a efectuarse verificación alguna por parte de los técnicos municipales. Aunque todas las partes se encontraron en la urbanización con esta finalidad, durante el encuentro no se realizó verificación alguna de las obras ni se comprobó si estas se ajustaban al proyecto o a la licencia concedida, como es preceptivo antes de la expedición de un certificado de final de obra, sino que uno de los asistentes propuso irse a comer al restaurante Es Boldadó. Una semana después, los promotores recibieron el correspondiente certificado de final de obra. El letrado Salvador Ferrer admite que «puede ser cierto que en la causa conste la anterior aseveración», pero asegura que «es incierta y ha sido fuertemente puesta en entredicho por otros testimonios que también obran en la causa».

Según el representante legal del empresario Alberto Torres, en la información «se obvia otro hecho importantísimo», como es que el 26 de abril de 2000 la comisión de gobierno de Sant Josep «rechazó la recepción de la obra y la condicionó a la presentación de un aval», lo que equivale, a su juicio, a un «certificado denegatorio del final de obra». Sin embargo, en este caso el letrado se refiere a la recepción de las infraestructuras de urbanización del complejo (viales, alcantarillado, alumbrado público), mientras que la información aludía al certificado de final de obra de los chalés edificados.

Salvador Ferrer reprocha también que en la información de Diario de Ibiza se califique de «opípara» la comida entre promotores, técnicos y representantes municipales. «Supongo que calificar así la comida –afirma– sirve para dar más sensación de trama organizada o magnificar la sensación de maquinación para la comisión de hechos no ajustados a la ley».

Y añade: «La realidad fue que se comió normalmente para después efectuar la revisión [de la obra]».