(Diario de Ibiza, 20/10/2011)

Tampoco se han elaborado dictámenes periciales sobre algunas obras ilegales y el fiscal no sabe cuándo formulará acusación

J. LL. FERRER | IBIZA. ­Tres meses después de que se iniciaran las detenciones del caso Huerta y se desmantelara la trama delictiva que presuntamente lideraba el ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, las diligencias se encuentran semiparalizadas a causa de la lentitud con que se desarrollan algunas de las investigaciones más trascendentales. Por ello, el fiscal de Ibiza, Antonio Torres, desconoce aún cuándo se podrá formular escrito de acusación.

Para empezar, el informe que ha de redactar la Policía Judicial de la Guardia Civil sobre el material incautado los días 6 y 7 de octubre de 2008 en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Josep y en los despachos privados de la familia Huerta sigue sin haberse concluido. Este informe será una de las bases de la acusación, puesto que allí figurará el contenido de numerosos expedientes urbanísticos, de discos duros de ordenadores y de otros documentos que demostrarían que Antonio Huerta usaba su cargo de arquitecto municipal de forma irregular para lucrarse personalmente, incumpliendo la ley.

«La Guardia Civil de Palma no hace más que decir que no tienen efectivos. Por lo visto, el que llevaba el tema pidió destino a otro sitio y ahora lo lleva otro», afirmó el fiscal Antonio Torres, quien añadió que, dada la dilación que sufren las diligencias, se ha optado por levantar el secreto que pesaba sobre el sumario. «Ya no tiene sentido», afirmó.

Además, tampoco se ha llevado a cabo la prueba pericial que deben realizar unos arquitectos en la urbanización de Cala Carbó que forma parte de la trama de Huerta para comprobar el exceso de construcción que se habría realizado y otras irregularidades cuya demostración es también fundamental para incluir en el escrito de acusación.

Nuevas declaraciones

Del mismo modo, están pendiente de prestar declaración varias personas implicadas en el caso en los juzgados de Ibiza. Para últimos de este mes, algunos de los imputados están citados para contestar sobre aspectos que desveló uno de los testigos que, con sus confesiones, permitió desentrañar importantes detalles de la presunta trama delictiva, que extendió su acción a todo lo largo y ancho del municipio.

Desde el 6 de octubre de 2008, en que fueron detenidos el hijo y la nuera de Antonio Huerta Briz, tanto el ex arquitecto municipal de Sant Josep como su supuesto colaborador Alberto Torres han llegado a ingresar en prisión, por el riesgo de destrucción de pruebas o posibilidad de fuga. Sin embargo, Huerta salió en libertad casi medio año después y tras pagar una fianza de 100.000 euros. Alberto Torres salió al cabo de pocos días de ser detenido tras depositar una fianza de 50.000 euros.

La causa acumula ya una gran cantidad de información procedente de múltiples fuentes, pero la Fiscalía asegura que no habrá escrito de acusación hasta contar con las diligencias que aún están pendientes de cumplimentar.

El final de obra de Cala Molí se otorgó durante una comida y sin revisar nada

En la causa consta un testimonio que asegura que el certificado se expidió sin haber comprobado la obra

J. LL. F. | IBIZA ­El certificado de final de obra de la urbanización de Cala Molí, cuya posterior ampliación fue paralizada tras las denuncias de los ecologistas del GEN por invadir una zona protegida, se otorgó a los promotores por parte del Ayuntamiento de Sant Josep sin que llegara a efectuarse verificación alguna por parte de los técnicos de la Corporación municipal.

Según consta en la causa abierta sobre el caso Huerta, estas comprobaciones se sustituyeron por una comida en el restaurante Es Boldadó, de Cala d´Hort, entre promotores, concejales del Ayuntamiento, el propio Huerta y otras personas relacionadas con la obra.

Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, un determinado día de 1999 o 2000, se reunieron en la urbanización de Cala Molí, que iba a ser comprada por el grupo valenciano Medi, el arquitecto de Sant Josep, Antonio Huerta; un concejal del Ayuntamiento; el empresario Alberto Torres y algún otro representante de la trama.

Ninguna verificación

Durante ese encuentro no se realizó verificación alguna de las obras ni se comprobó si estas se ajustaban al proyecto ni a la licencia concedida, como es preceptivo en todo proceso de expedición de un certificado de final de obra. Por el contrario, uno de los asistentes al encuentro propuso dirigirse a comer al citado restaurante, donde promotores y representantes municipales se obsequiaron con una opípara comida sin haber llevado a cabo su cometido. Sin embargo, alrededor de una semana después, los promotores recibieron el correspondiente certificado, siempre según las mismas fuentes, que también han expuesto estos hechos en la causa abierta sobre el caso.

El ex arquitecto municipal también tenía intereses personales en esta urbanización, así como en un gran número de las que en esos momentos se promovían en el municipio de Sant Josep, pese a que la ley se lo prohibía por ocupar el cargo de técnico municipal. La documentación que obra en poder de la Fiscalía revela que Huerta habría usado a varias personas, como a su nuera, para actuar como tapadera y aparentar que él no estaba detrás de estas promociones inmobiliarias.