(Diario de Mallorca, 20/07/2011)

La fiscalía y el Ayuntamiento acusan al ex asesor legal de autorizar con su informe la construcción de una piscina en un suelo rústico protegido

J.F.M. PALMA Un antiguo asesor jurídico del Ayuntamiento de Andratx, Jacobo Rodríguez Miranda, defendió ayer un informe en el que avalaba la construcción de una piscina en un terreno rústico protegido.

El letrado se sentó ayer en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación urbanística, por el que el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y la letrada del Ayuntamiento de Andratx reclaman seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación.

El juicio por estos hechos se celebró ayer en el juzgado de lo Penal número 7 de Palma y, además del letrado, se juzga al promotor de la obra, Francisco Xamena, y al arquitecto municipal, Jaime Brunet, que están imputados por el mismo delito.

El informe técnico se dictó en junio de 2005 y autorizó la construcción de una piscina junto a una vivienda que también había sido ilegalmente construida. El promotor, que es yerno de la dueña del solar, reconoció que había realizado una ampliación de la casa sin contar con permiso y era consciente de que el terreno donde se realizaba la construcción era rústico protegido. Años más tarde solicitó una autorización para construir la piscina y el consistorio se la concedió. El acusado señaló que en estos momentos está en negociación con el Ayuntamiento para conseguir la legalización de esta obra, aunque no explicó los detalles.

Por su parte, el arquitecto reconoció a preguntas del fiscal que había dictado un dictamen a favor de conceder una obra en un solar protegido. Señaló que llevaba poco tiempo ejerciendo este cargo de técnico y le dijeron en el Ayuntamiento de Andratx que el criterio municipal que se seguía sobre las piscinas era que no se computaban como suelo. Reconoció, sin embargo, que no se podía conceder la licencia, aunque lo atribuyó al exceso de trabajo al que debía hacer frente.

El letrado Rodríguez Miranda sostuvo que, según su criterio, la licencia debía autorizarse porque, entre otros requisitos, contaba con el informe favorable que dictó el arquitecto municipal. El abogado, que está imputado en nueve de las piezas del caso Andratx, indicó que firmaba una media de 15 informes diarios y que en este caso, si hubiera visto el dictamen desfavorable del arquitecto municipal, se hubiera opuesto a que se le concediera la licencia para construir la piscina.

Las acusaciones mantienen que ninguno de los técnicos comprobó que en esta finca ya se había construido una vivienda ilegal.