(Diario de Mallorca, 21/05/2011)

El alcalde, feliz por este "punto y final", admite que las arcas municipales sí podrían tener que asumir el derribo de los 69 apartamentos

T. OBRADOR El Ayuntamiento aprobó anteanoche por unanimidad archivar el expediente de responsabilidad patrimonial 1/2010 iniciado por Marina Ernst, S.L. Se trata de la indemnización de 27 millones solicitada en primavera del pasado año por el grupo de personas que representan a la empresa, entre las cuales se encuentra el conocido empresario local Sebastià Sagreras, Peixet, padre precisamente del nuevo candidato del PP de Campos. No obstante, en abril de este 2011, los mismos solicitantes de tan elevada indemnización registraron un escrito en el Ayuntamiento renunciando a cobrar la cantidad, reservándose eso sí otras posibles demandas y acciones. El alcalde, Joan Juan (Campos pel Canvi) podría haber aprobado un simple decreto al respecto, si bien prefirió que, al ser un asunto tan complejo e importante para el municipio, fuese el pleno el que se pronunciase.

Notificaciones inmediatas

El acuerdo unánime de archivar el expediente de responsabilidad patrimonial fue ayer mismo notificado a Marina Ernst y al Consell Consultiu. El alcalde Juan agradeció el trabajo de los servicios técnicos propios del Consistorio y de las empresas externas contratadas. De hecho, la propuesta de resolución municipal enviada al Consell Consultiu –cuyo dictamen aún no se ha transmitido y ya no será necesario– era de "no pagar ni un céntimo a los demandantes de los 27 millones, pues no aportaron ni un solo justificante, ni una sola factura para basar su reclamación económica".
Por todo ello, entrevistado en la tarde de ayer, el primer edil campaner reconoció: "Este punto y final supera las mejores expectativas. Ni en sueños nos hubiéramos imaginado que el Ayuntamiento se librara así. Ahora es cuestión de un poco de paciencia. Tras las elecciones el nuevo equipo de gobierno podría impulsar la ejecución de la sentencia judicial para proceder a las demoliciones. Otra opción es que la promotora, por su cuenta, decidiera promover los derribos. En ambos casos, el Ayuntamiento y otras instituciones podrían verse obligadas a asumir los costes del proyecto de demolición y las pertinentes obras".

Se desconoce a cuánto ascendería tan compleja operación de tirar abajo 69 apartamentos (inacabados y con grave deterioro) y restablecer medioambientalmente este espacio próximo a es Trenc, objeto de litigio desde comienzos de los años noventa.

En este sentido, cabe aclarar diferentes aspectos judiciales. Según Juan, la Justicia concluyó que no se respetó el deslinde de Costas de 100 metros, es decir, la franja de dominio público marítimo-terrestre, "lo que impide cualquier reanudación de las obras de urbanización de Torre Marina". Respecto a la controvertida licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento, Juan mantiene que el fallo judicial "establece que se concedió mal, lo que conlleva una responsabilidad patrimonial pública".

En cambio, Margalida Ginard, número uno del PP esta legislatura 2007-2011, interpreta que la Justicia avala que el permiso en cuestión se dio bien en su momento. Paralelamente, los ténicos analizan otra resolución judicial del caso referente a que el Consell no tendría que haber aceptado un recurso del PSM y del GOB sobre la aprobación de las normas subsidiarias de 1991, que publicadas en 1994 incluyeron los solares de Torre Marina como urbanos.

"Nos hubiera gustado mucho hacer la foto de la demolición durante este mandato, si bien hemos querido hacer las cosas bien, paso a paso, por el interés general", manifestó ayer Juan, visiblemente feliz por este desenlace.

Nueva escuela e IBI congelado

En el mismo pleno extraordinario del jueves se aprobó el ambicioso estudio de detalle que contempla la tan necesaria segunda escuela pública de Campos, en las inmediaciones de la residencia Sor Maria Rafela. En esta área también se dibujan unas 350 nuevas viviendas de protección oficial, más zonas verdes y la restauración del Molí den Majora. También se aprobaron dos rebajas del IBI (rústico y urbano) de cara al 2012.
El pacto Campos pel Canvi-Grupo mixto (exUM, ahora +Acció), y el PP, único grupo en la oposición, discreparon seriamente, constatándose más que nunca cierto nerviosismo por las inminentes elecciones del día 22.