(Diario de Mallorca, 18/02/2011)

El Tribunal Constitucional rechaza la admisión a trámite del recurso que interpuso el Ayuntamiento

T. OBRADOR / S. SANSÓ La sentencia firme que obliga al ayuntamiento de Manacor a demoler el puente del Riuet sigue su procedimiento administrativo. A pesar de la reciente orden del tribunal referente a que no empiecen las obras de derribo ni los desvíos de servicios (electricidad y aguas) hasta que se dé luz verde expresa, el Consistorio no quiere volver a cometer falta ni que haya motivo para nuevas multas. Si la pasada semana tuvo lugar el acta de replanteo con la empresa encargada de los desvíos, Electrohidráulica, ayer fue el turno de otra acta de replanteo con la empresa navarra Erri-Berri, a quien hace escasas semanas se le adjudicó el proyecto de derribo por 276.000 euros más IVA (total 325.000).

El concejal de Turismo y presidente de la junta de distrito de Porto Cristo, Joan Gomila (de la Agrupació Independent de Porto Cristo), y el regidor de Urbanismo, Bernat Amer (AIPC), comprobaron sobre el terreno la infraestructura elevada estrenada en 2004 y que costó más de 1,1 millones de euros, junto a representantes de Erri-Berri, técnicos redactores del proyecto, de los planes de seguridad y salud, y un responsable de Endesa, entre otras personas. En este encuentro celebrado al mediodía se analizaron la seguridad, los días que duraría el derribo y la metodología a seguir, coordinación con los desvíos de servicios...

Más esperanzas de salvarlo

El reciente comunicado del tribunal relativo a la suspensión momentánea de los trabajos, es decir, que no comiencen las obras hasta que dé orden expresa, ha dado cierta tranquilidad al Ayuntamiento, que ahora tiene más esperanzas de salvarlo. Más aún con el acuerdo que se está a punto de suscribir entre el Consistorio y los vecinos afectados que significará que éstos últimos renuncian a la ejecución de la sentencia, aceptan la cantidad ofrecida por el Ayuntamiento (unos 450.000 euros) e indican al tribunal que la ley aprobada el pasado verano por PP y UM en el Parlament ampararía, legalizaría el discutido puente.

No obstante, se ha perdido la vía del Tribunal Constitucional, pues la pasada semana rechazó admitir a trámite el recurso del Ayuntamiento "por no tener trascendencia constitucional". El bufete de abogados de Madrid contratado por el Consistorio estudia si se puede acudir a otras altas instancias, incluso a Estrasburgo.

Las otras dos vías que tiene el Ayuntamiento para defender la permanencia del puente son el incidente en base a la ley aprobada por el Parlament, y la querella criminal que se interpuso en octubre de 2010 contra el actual conseller de Obras Públicas del Govern, Jaume Carbonero (PSOE), por el peritaje que elaboró años atrás. Al parecer, el fiscal no ha dispuesto de toda la documentación hasta la pasada semana. El Consistorio mantiene que Carbonero erró al afirmar que no existía el pertinente estudio de impacto medioambiental, así como al decir que se aprobó el proyecto del puente antes que la modificación de las normas urbanísticas.

Los ediles Gomila y Amer reiteraron ayer los "graves perjuicios económicos y sociales" que ocasionaría el derribo efectivo del puente, afectando negativamente "a puestos de trabajo, tiendas, bares y cuevas, y provocando dudas por la compra de género para poner a la venta, si alquilar o no locales, además de crear estrés a la población y molestias, incordio, para la circulación y los servicios". "Pueden haber consecuencias brutales, dramáticas", avisó Gomila. Los ciudadanos, expectantes.