(Diario de Mallorca, 16/02/2011)

Tauler dice no saber nada de una ampliación en ANEI cerca de Santueri, que deberá ser demolida

S. SANSÓ. La Agència de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca no ha esperado a la intervención del ayuntamiento de Felanitx, y ha decidido actuar con contundencia frente a la ampliación supuestamente ilegal del chalé que el conocido empresario y hombre afín al PP, Miguel Vicens, tiene cerca del castillo de Santueri. Situada en un área natural de especial interés (ANEI), la construcción deberá ser demolida. La propiedad y el director de la obra, el ex regidor de Coloms a la Sala, Bartomeu Obrador, deberán asumir una multa de 720.000 euros.

Localizada en la zona conocida como es Jardí den Pereó o Binifarda, la ampliación ilegal denunciada ante el Consell hace un año por un vecino, fue llevada a cabo a partir de una caseta de aperos, que fue modificada hasta convertirse en vivienda en fechas posteriores a la entrada en vigor de la ley de protección del territorio del año 1991.

De hecho, el expediente de la agencia insular expone como causas: "La edificación y uso del suelo sin licencia municipal, y en terrenos calificados como suelo no urbanizable de espacial protección". La sanción se valora a partir de lo que el Consell calcula que ha costado la obra (239.500 euros), aplicándole después un 150% sobre dicho valor, lo que supone la imposición de 359.291 euros a Vicens como propietario y otros tantos a Obrador como jefe de las obras. Según fuentes consultadas por este periódico, el ex concejal ya habría aportado documentación para probar que su implicación laboral con el empresario fue anterior a 1991, y por tanto legal. De ser así, deberá ser el promotor de la obra quien corra con todas la sanciones, que serán cobradas por el propio Consell.El alcalde de Felanitx y regidor de Urbanismo, Biel Tauler (PP), se defiende y alega que desde el Consistorio "sabíamos que el dueño tenía solicitado un permiso de obra menor, pero desconocíamos la irregularidad. Eso sí, respetamos las actuaciones que pueda llevar a cabo el Consell".

Tauler entiende que "es lógico que sean ellos quienes lleven el expediente, ya que el Ayuntamiento no es competente cuando las multas superan los 60.000 euros" [Nota de Disúrbia: sí que és competent també en aquests casos; únicament que, un cop tramitat l'expedient, la multa -no la demolició- l'acordarà el Consell]. Cabe recordar que durante esta última legislatura, el Ayuntamiento ha aprobado en pleno más de cien órdenes de demolición, de las cuales ninguna se ha hecho efectiva.

El Departamento de Territorio del Consell ya ha abierto el plazo de quince días para que todas las partes puedan presentar las alegaciones que crean oportunas, aunque advierte que las ampliaciones en ANEI "no están sujetas a la formulación de solicitud de legalización".