(Diario de Mallorca, 19/01/2011)

Una decena de empresas se interesan en la adjudicación del contrato de demolición de la polémica infraestructura elevada

T. OBRADOR Tras la manifestación del pasado lunes, en la que participaron más de mil ciudadanos, se constata que aumenta de forma notable la presión social en contra de la sentencia del juez que obliga al ayuntamiento de Manacor a demoler el Pont del Riuet antes del próximo 15 de marzo. De hecho ya se está organizando otra movilización para el domingo que viene, con la aspiración de atraer a muchas más personas, consolidar un recorrido más coordinado y expresar con mayor fuerza consignas a favor del mantenimiento de la infraestructura elevada. En este sentido, tanto desde el Ayuntamiento como desde diferentes colectivos, se advierte que el juez que ordena tirar el puente aún no ha resuelto si es legal a raíz de la ley aprobada por PP y UM en el Parlament en julio de 2010. Autoridades políticas y vecinos temen que se dé una grave contradicción si se llega a derribar la estructura y más tarde el juez de turno falle admitiendo que la soberanía popular dio luz verde a la regularización en verano del pasado año y la infraestructura es conforme a normativa.

Respecto al proceso judicial, cabe recordar que en 2010 el Ayuntamiento interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional para que reconozca la "imposibilidad material de ejecutar la sentencia". La admisión a trámite de dicho recurso significaría la suspensión, paralización, del derribo. Por otra parte, se está tramitando en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears un incidente por imposibilidad legal de ejecutar la sentencia porque supuestamente el puente habría quedado legalizado con la ley aprobada por PP y UM en el Parlament, que por cierto también legaliza otras carreteras viarias de la isla construidas mediante convenios entre instituciones. Exactamente la tramitación actual está en fase de alegaciones.

Nueve empresas interesadas

Joan Gomila, líder de la Agrupació Independent de Porto Cristo (socio de gobierno del PP), edil de Turismo y presidente de la junta de distrito del núcleo costero, detalló que unas nueve empresas se han interesado en la adjudicación del contrato de demolición del puente que se prevé adjudicar próximamente.

En cuanto a la manifestación del pasado lunes, destacó la elevada participación, "que demuestra que la inmensa mayoría pide que no se derribe". Confía que las demás movilizaciones que se convoquen concentren a más gente y haya siempre civismo.

Asimismo, Gomila también insiste en recordar que el Parlament aprobó una ley que legaliza el discutido puente. Y lamenta la orden del juez de cerrar el pasado viernes el tránsito por el puente "pues es innecesario e incomprensible, y más sabiendo que las obras no podrán iniciarse hasta finales de febrero debido a las pertinentes tramitaciones. Parece como si el juez estuviese obsesionado con todo este asunto".

Salvador Vadell, de la asociación vecinal y también ligado a AIPC, no descarta que se emprendan acciones judiciales si fialmente se hace efectivo el derribo del puente, estrenado en 2004 y que costó más de un millón de euros a Consistorio, Consell y Govern.