(Diario de Mallorca, 8/01/2011)

"Ninguna residencia de Son Genovés tiene licencia, pero solo han mandado demoler la nuestra" - Solo denunciaron esta "ilegalidad", aunque toda la urbanización "está igual"

LORENZO MARINA. PALMA. "Tú aquí no pones una piedra mientras yo viva y tenga dinero para pagar un abogado". Con esta hostilidad manifiesta de un vecino se toparon Joaquín y Manuel Cortés al intentar edificar su vivienda en la parcelación de Son Genovés. Ellos reconocen que su vivienda no tiene licencia "como las demás casas de esta urbanización". La diferencia con el resto del vecindario, a su juicio, es muy obvia: ellos son los únicos gitanos.
A raíz de una denuncia vecinal, el Ayuntamiento de Palma inició un procedimiento administrativo que se resolvió con la orden de demolición de la vivienda. Los dos primos gitanos, por su parte, han pedido la nulidad de las actuaciones al entender que hubo "racismo" en la disparidad del trato.

Los primos Manuel y Joaquín Cortés compraron la parcela de Son Genovés en 2003 por la que pagaron unos 75.000 euros. Después de muchos años residiendo en Son Cotoner, optaron por mudarse a esta urbanización de la carretera vieja de Sineu.

Cuando los dos trabajadores de la construcción empezaron a edificar la que iba a ser nueva vivienda, percibieron muy de cerca el resquemor vecinal. "Siempre nos hemos dedicado a trabajar en la construcción. Somos trabajadores. Estamos limpios, nunca nos han detenido por nada. No entendemos por qué nos miran mal", se pregunta Joaquín.

"Ninguna de las residencias de la zona cuenta con licencia", recalcan los dos primos gitanos, pero el trato que recibieron ellos fue muy distinto al resto, según denuncian. Pronto notaron que no eran bien recibidos. Nunca les avisaron para que participaran en las reuniones de las Juntas de Propietarios. Cuando les correspondía por turno ocupar la presidencia de la comunidad, también les saltaron.

"No hemos sido los últimos que hemos hecho una casa allí. Luego han construido otras viviendas en la zona y nadie les ha denunciado", subraya Manuel. "Hace unos días, un vecino construyó una cochera. El dueño nos dijo que si no le denunciábamos nosotros, la comunidad no lo haría", relata Manuel.

Para sustentar aún más su particular versión, el presidente de la comunidad de propietarios aseguró en su declaración judicial que los dos primos habían construido cuatro casas. En realidad, solo habían construido dos en su parcela.

"Ni siquiera la superficie es mayor que la de las otras casas. Entre las dos viviendas suman unos 300 metros cuadrados. Allí hay residencias de más de 600", indica Joaquín.

Denuncia penal

Los dos primos tenían conocimiento de la denuncia de la comunidad de propietarios por un presunto delito urbanístico, pero no le dieron mayor importancia. "Como ninguno tiene licencia, el juez nos dijo que no tomaría contra nosotros ninguna medida distinta que contra los otros vecinos". La denuncia penal se archivó. Sin embargo, el procedimiento administrativo siguió su curso y se resolvió con la orden de demolición.

Joaquín y Manuel Cortés, asistidos por el letrado Rafael Ramis, piden la revisión de lo que consideran un acto "nulo de pleno derecho". En dicho escrito, se hace constar el "racismo" en el que está fundamentada la decisión de demoler esta vivienda. "Siendo virtualmente idénticas las presuntas infracciones urbanísticas cometidas por los copropietarios de la comunidad y por los propietarios vecinos de la zona no se alcanza a comprender cuál es la razón de esta evidente diferencia de trato observado", resalta la solicitud.

"Si hay que pagar una multa por haber hecho la casa así, la pagamos. Lo que reclamamos es que a nosotros nos traten igual que a todo el mundo", subrayan Manuel y Joaquín Cortés.

Las casas calés caen más ante la piqueta

L. MARINA. El mayor porcentaje de derribos de casas que se produce en Palma corresponde a viviendas gitanas. Entre las innumerables obras ilegales levantadas en el término municipal son las de propiedad gitana las que son demolidas de forma "severa, rápida, incontestable y sumaria", tal y como resalta el abogado Rafael Ramis. En el caso de la vivienda de Manuel y Joaquín Cortés en Son Genovés, el letrado se cuestiona que el Ayuntamiento haya actuado de manera consciente. Más bien se inclina porque el consistorio haya obrado " a rebufo" de la denuncia interpuesta por la comunidad de propietarios. "Los expedientes de derribo contra los gitanos van mucho más rápidos que con el resto. No suelen contar con abogados y el procedimiento no se detiene", apunta Ramis. En la misma zona de Son Genovés se sigue construyendo sin que medie denuncia alguna que lo impida.