(Diario de Mallorca, 24/12/2010)

J. M. SÓLLER. La Agència de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca encomendó ayer a la empresa pública Tragsa los trabajos de demolición de los chalés ilegales de Llucalcari. La institución insular llevó a cabo este procedimiento dos semanas después de que el Ayuntamiento iniciara las obras por su cuenta para evitar que el juzgado multara al alcalde, Jaume Crespí (PP), con una sanción semanal de 600 euros.

La firma del protocolo se realizó después que el Govern, a través de la conselleria de Obras Públicas, hiciera efectivo el pago de su parte de las obras con el traspaso de 145.000 euros al Consell. La encomienda de las obras a Tragsa permitirá que en los próximos días los operarios de esta empresa asuman las labores de demolición de los dos primeros chalés que empezó a derribar el consistorio de Deià. El propio alcalde, junto con operarios de la brigada municipal, iniciaron las obras el 13 de este mes, un día antes de que expirara el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia.

La demolición de las casas tendrá un coste de 435.000 euros que asumirán a partes iguales el Ayuntamiento, el Govern y el Consell. Precisamente el retraso en la consignación del dinero por parte del Govern impidió que Tragsa iniciara los trabajos en el plazo estipulado por el auto judicial.