(Diario de Mallorca, 27/10/2010)

Dubon asegura que antes de que acabe el año se demolerán dos de las cuatro casas de Llucalcari

I. MOURE. PALMA. El camino para poner fin a una ilegalidad urbanística está lleno de obstáculos. Son procedimientos largos, dilatados por el rigor administrativo y los recursos judiciales de los propietarios, y precisamente por eso hay que poner en valor los ocho derribos ejecutados esta legislatura, según destacaron ayer los responsables políticos del Consell de Mallorca y de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, que recordaron que en toda la historia precedente de la institución insular sólo se habían realizado dos demoliciones.

Pero, aún así, queda mucho trabajo por hacer. Desde la dirección de la agencia que vela por la legalidad del urbanismo, se informó ayer de que existen 38 órdenes de demolición pendientes. La mitad de ellas están en fase judicial al haber sido recurridas, por lo que "no son inmediatamente ejecutables", como declaró ayer, en su primera comparecencia pública, el nuevo director gerente de la agencia, Vicenç Sureda, quien sustituye en la dirección a Maties Morey.

En el resto de casos, dijo, se está a la espera de perfilar los detalles de la cirugía urbanística. Un ejemplo es el de las famosas casas de Llucalcari, en Deià. La consellera de Territorio, Maria Lluïsa Dubon, detalló que en breve se firmará el convenio entre Govern, Consell y Ayuntamiento para la financiación de la operación, y después se realizará la contratación de las obras. ¿Plazos? Dubon aseguró que su previsión es que dos de los cuatro chalés sean demolidos antes de final de año y que, en 2011, se complete totalmente la operación.

Sobre los derribos practicados en esta legislatura, han afectado a construcciones ilegales situadas en Andratx, Sant Llorenç, Valldemossa, Santa Margalida, Llucmajor y Maria de la Salut. En este último municipio, se hallaba la edificación más grande de todas las demolidas: una casa de 227 metros cuadrados. El hasta ahora director de la agencia, Maties Morey, explicó que los propietarios afectados utilizan todo tipo de ardides –como cerrar las vallas de acceso a la finca– para retrasar el derribo. De la memoria de actividades de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, que funciona desde abril de 2009, se infiere que este año han aumentado un 48% los expedientes iniciados (un total de 302), de los cuales han acabado con un procedimiento de infracción 39 casos. En total, se han impuesto 27 sanciones, que han supuesto multas por valor de 1,1 millones de euros. 

Las operaciones culminadas

• Maria de la Salut. Se trataba de una vivienda de 227 metros cuadrados y un porche de 87 metros cuadrados. El día antes de la demolición, en agosto de este año, los dueños no habían quitado aún los muebles.
• Ses Salines. Era una vivienda de madera que ocupaba una superficie de 80 metros cuadrados. Fue la propietaria quien procedió a la demolición, pero aún queda una base por eliminar, obra prevista para este año.
• Sant Llorenç des Cardassar. La casa tenía 88,40 metros cuadrados, más un porche de 13 metros cuadrados, una fosa séptica y un aljibe. El dueño se encargó de acometer el derribo.