(Diario de Mallorca, 29/09/2010)

Autorizan al ex alcalde de Andratx a enajenar propiedades para cumplir sus condenas

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. El juzgado de instrucción 12 de Palma ha autorizado a Eugenio Hidalgo, ex alcalde por el Partido Popular (PP) de Andratx, a vender algunas de sus propiedades para hacer frente a sus condenas en casos de corrupción urbanística. Hidalgo, que lleva diez meses cumpliendo condena en prisión, ha usado ese dinero para pagar su defensa, multas y costas judiciales y ahora tendrá que sufragar también el derribo de su chalé ilegal, situado no lejos del Ayuntamiento que presidió en la pasada legislatura.

Eugenio Hidalgo amasó parte de su patrimonio en los años en que simultáneo sus cargos políticos en Andratx, entre ellos alcalde y teniente de alcalde de Urbanismo, con negocios inmobiliarios. Antes, y junto a su hermano Carlos, había explotado durante años, y con éxito, un concesionario de automóviles en Andratx.

Según ha aflorado en varias de las piezas separadas en que se dividió el caso Andratx, Eugenio Hidalgo realizó en la pasada legislatura varios negocios inmobiliarios con constructores amigos. El pasado 10 de septiembre el ex alcalde se declaró culpable de cobrar sobornos de su amigo y ex socio, Manuel Zapata, con el que hizo varios negocios inmobiliarios.

Gracias a estas operaciones Hidalgo consiguió pisos y locales comerciales. El principal imputado en el caso Andratx también hizo otras inversiones mediante préstamos hipotecarios. Algunos de estos bienes son los que el juez Francisco Pérez, anterior instructor del caso Andratx, autorizó a vender para cubrir las deudas judiciales del antiguo alcalde conservador.

Sus negocios se frenaron el 27 de noviembre del 2006, cuando fue detenido por la Guardia Civil dentro de la Operación Voramar. Desde ese día su patrimonio fue rastreado con intensidad y se embargaron todos sus bienes conocidos.

El Tribunal Supremo ratificó en diciembre del año pasado una primera sentencia dictada por la Audiencia de Palma en mayo de 2008. En ambos fallos se ordenaba el derribo inmediato de la vivienda unifamiliar que construyó Hidalgo en la finca de Son Xina. El ex político fue condenado por un delito contra la Ordenación del Territorio por hacerse un chalé en una zona protegida como área natural de especial interés (ANEI)

La sala segunda de la Audiencia de Palma dispuso que, una vez firme la sentencia, Eugenio Hidalgo debería "demoler la vivienda unifamiliar construida en la finca de su propiedad, o sufragar los gastos de demolición en caso de que haya de encargarse la administración competente (el Ayuntamiento)".

Fuentes municipales señalaron hace unos días que los permisos urbanísticos para derruir la vivienda ilegal de Hidalgo en Son Xina habían sido tramitados por el abogado del ex alcalde encarcelado.

Hidalgo tiene un plazo de seis meses para ejecutar el derribo sobre el suelo rústico protegido. El presupuesto que incluye la licencia concedida por la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Andratx asciende a 15.614,03 euros.

La construcción de la vivienda unifamiliar de Son Xina le costó al ex alcalde del PP una condena de cuatro años de cárcel por construir en terreno rústico protegido utilizando para ello una licencia para ampliar una nave agrícola.

Hidalgo fue declarado culpable de los delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio.

Hace unos días se supo que Hidalgo había optado por colaborar con la Justicia y declararse culpable en las piezas separadas que le quedan pendientes de enjuiciamiento, a cambio de una importan te reducción en las penas reclamadas por la fiscalía anticorrupción. Ese pacto, al que también tendrá que adherirse la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Andratx, ejercida por los letrados Josep de Luis e Isabel Alemany, no eximirá al acusado de abonar todas las multas y cubrir las responsabilidades civiles que se deriven de los delitos.

Hidalgo también tiene que pagar su defensa y las costas judiciales de la acusación particular, gastos que está afrontando con la venta de sus propiedades, realizada bajo control judicial.