(Diario de Mallorca, 29/09/2010)

M. C. PALMA. La jueza les ha parado los pies. El hotel Son Moll de Cala Rajada no será ni derribado ni reformado, tal y como se había anunciado en los últimos días, a menos que ella lo autorice.

La magistrada del juzgado de instrucción numero dos de Manacor emitió ayer un auto recordando a la conselleria de Turismo y al ayuntamiento de Capdepera que una parte del edificio está afectado por un precinto judicial y que "no puede realizarse actuación alguna que lo afecte en tanto el juzgado no acuerde expresamente levantar dicho precinto".

La jueza insta, a su vez, a dichas administraciones a que no realicen o autoricen ninguna obra que lo afecte, "bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia". De esta manera, el proyecto de rehabilitación previsto por la empresa s´Entrador, propietaria del hotel, se queda en stand by.

Mejoras en el hotel

Los titulares habían conseguido un permiso del Ayuntamiento para rehabilitar el antiguo edificio, que se derrumbó inesperadamente en diciembre de 2008, causando la muerte de cuatro operarios. La intención de s´Entrador era reestructurar y mejorar las instalaciones para convertirlo en un hotel de cuatro estrellas. No en vano, dicha actuación no será posible a corto plazo.

La magistrada requiere a la entidad propietaria, a través de su procurador de autos y de forma personal a través de su representante legal, que está citado hoy, a que informe al juzgado sobre la supuesta licencia y su afectación al precinto judicial en un plazo de diez días. Asimismo, le advierte de que se abstenga de "cualquier actuación que afecte a la zona precintada o que pueda tener consecuencias sobre la misma, bajo apercibimiento de que pueda incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad", insiste de nuevo.

Proceso judicial

El juicio por el trágico suceso ha quedado visto para sentencia. Están acusados el arquitecto de la obra, el aparejador, el jefe de la obra, el calculador de estructuras y los constructores, quienes ya prestaron declaración ante el juez. A todos ellos se les imputan cuatro delitos por homicidio imprudente, cuatro delitos por lesiones imprudentes, y un delito contra los derechos de los trabajadores. La acusación particular, por su parte, solicita diferentes penas de prisión y la inhabilitación de sus funciones. Asimismo, la jueza también hace responsable al ex alcalde Tomeu Alzina que deberá personarse de nuevo en los juzgados de Manacor.