(Diario de Ibiza, 18/09/2010)

El Consistorio acata la orden, mientras que el abogado del promotor defiende el derecho a edificar una vez levantada la moratoria

IBIZA | E. RODRÍGUEZ. El Ayuntamiento de Sant Joan ordenó ayer la paralización de las obras de una vivienda unifamiliar en Benirràs después de que el Consell de Ibiza le enviara un requerimiento para que actuara de inmediato tras constatar el jueves, durante la inspección de un celador, la presencia de una máquina excavadora trabajando en el lugar. El Consell ya tuvo que intervenir hace un tiempo ante una situación similar. La parcela afectada se encuentra en la nueva zona protegida en virtud de la Ley 4/2008 aprobada a principios de la legislatura y por la cual se amplió el espacio protegido (ANEI) a fin de tratar de evitar la urbanización de este espacio. También se hizo lo mismo en Roca Llisa, Punta Pedrera y Cala d´Hort.

Una portavoz del Consistorio explicó que ayer mismo se iba a ordenar la paralización de las obras y explicó que, a la vez que se recibía el requerimiento del Consell, se había remitido una consulta a la institución insular sobre si debía actuar y para que quedara «claro» que son el Consell y el Govern los que deben hacerse cargo de una posible reclamación económica de los afectados.

El promotor de la obra cuenta con licencia anterior a la entrada en vigor de la Ley 4/2008. Precisamente, este es el argumento que esgrime su abogado, Jaume Roig, a la hora de defender el inicio de las obras. El letrado expuso ayer a este periódico que la citada ley especifica que «los actos firmes anteriores a su aprobación [de la ley] se mantendrán vigentes». «¿Y qué es una licencia urbanística, sino un acto firme?», destaca Roig, quien defiende que, tras la aprobación inicial de la nueva versión del Plan Territorial Insular (PTI) y el levantamiento de la moratoria urbanística, «se reactiva el acto administrativo». De hecho, el Consell requirió en su día la paralización de las obras por la existencia de la moratoria. El Consell sostiene, en cambio, que los terrenos han quedado desclasificados, por lo que no se puede ejecutar obra alguna.

El abogado de la mayoría de los propietarios de Benirràs asegura que no puede avanzar si se van a iniciar otras obras con licencia concedida e insiste en la defensa de «la firmeza» de las autorizaciones de construcción obtenidas.

Sant Joan concedió al menos seis licencias exprés (dos de ellas tramitadas en solo un día) en diciembre de 2007 en el lapso de tiempo entre el anuncio y la aprobación de la ley que protege este enclave natural.

El abogado Jaume Roig critica que el consorcio que se creó para negociar con los propietarios posibles compensaciones por la pérdida de sus derechos edificatorios ha resultado del todo ineficaz. De hecho, todavía, y a pocos meses de acabar la legislatura, aún no ha habido ningún contacto, salvo la visita de un arquitecto para levantar acta de todos los elementos urbanos de la zona (alumbrado público, aceras, calles, depuradora y demás). «Resulta lamentable que el Govern constituyese por ley el consorcio con una finalidad específica, y que luego no cumpla», resalta el letrado, que recuerda que los tribunales por «dos veces» han reconocido el carácter urbano de la zona. En este sentido, Roig conmina a la Administración a que si quiere preservar este espacio «expropie» los terrenos para poner fin a «la inseguridad jurídica actual».

El conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, apunta que el Govern no ha abierto negociación alguna con los afectados porque da «prioridad» a la defensa de los expedientes de responsabilidad patrimonial presentados, aunque asegura que le consta que ha habido algún contacto. También recomienda a los afectados que «busquen otro abogado» si éste mantiene los mismos argumentos para edificar la zona.