(Diario de Mallorca, 8/09/2010)

El ex alcalde de Andratx y un constructor pactan con anticorrupción una condena reducida

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. Eugenio Hidalgo, el ex alcalde de Andratx en la pasada legislatura por el Partido Popular y en prisión por un delito urbanístico, ha cambiado de estrategia defensiva y, previsiblemente, mañana se conformará en una causa por cohecho a cambio de una importante reducción en su condena. Hidalgo, el constructor Manuel Zapata y el antiguo celador de obras de Andratx Jaime Gibert, están convocados mañana en la Audiencia para un juicio oral, pero ayer se daba por seguro que se declararán culpables a cambio de penas suaves.

La fiscalía anticorrupción reclama 8 años y 8 meses de privación de libertad para Eugenio Hidalgo. Los fiscales imputan a Hidalgo los delitos continuado de prevaricación; continuado de cohecho pasivo; negociaciones prohibidas a funcionarios; e infidelidad en la custodia de documentos. En el mismo sumario están acusados el constructor Manuel Zapata y el suspendido celador municipal de obras de Andratx Jaime Gibert, representado por Juan Luis Matas y que hace tiempo llegó a un acuerdo de colaboración con la fiscalía anticorrupción.

Hidalgo iba a ser juzgado en esta pieza separada por una serie de negocios inmobiliarios que realizó con el promotor Manuel Zapata, que habría pagado algunos sobornos al entonces alcalde y al celador municipal.

Para Zapata, la fiscalía solicita 5 años de prisión, mientras que Gibert se enfrenta a una multa de 5 meses. La fiscalía reclama para los 3 acusados más de 1,6 millones de euros para cubrir las posibles penas económicas.

Declararse culpables

Fuentes próximas al caso Andratx han señalado que los tres acusados se declararán culpables tras haber negociado con la fiscalía una importante reabaja en sus condenas. De hecho Gibert ya pactó en su día penas de no cumplimiento carcelario por una serie de piezas separadas, donde él admitió haber falsificado certificados sobre la antigüedad o existencia de casetas de campo.

La pieza de Monport

El juez del caso Andratx, Francisco Pérez, y el fiscal anticorrupción Juan Carrau prosiguieron ayer la instrucción de las numerosas piezas separadas que quedan pendientes de cerrar, entre ellas una de enorme trascendencia económica: la de la urbanización Monport.

En ese paraje del Port d´Andratx se levantaron varias decenas de apartamentos y otras viviendas de lujo en unos terrenos que el Ayuntamiento dio como urbanizables. La oposición municipal en su día denunció esas licencias y mantuvo que las fincas eran suelo rústico protegido.

Los tribunales de lo contencioso–administrativo ya han fallado en varias ocasiones a favor de la protección de Momport, aunque los pleitos a ese respecto siguen abiertos. Rafael Balaguer, responsable del área de deontología del Colegio de Arquitectos y perito judicial en los casos Andratx, Palma Arena y otros, sostuvo ayer ante el juez Pérez, Carrau y varios abogados defensores que los terrenos de Monport eran suelo protegido y las licencias no podían haberse otorgado.

Ayer declaró como imputado en otra pieza el abogado Alejandro Feliu, implicado en el caso Relámpago y que representaba a una sociedad investigada en el caso.

El juez del caso Andratx vuelve a estar en precario

El Consejo General del Poder Judicial y el ministerio de Justicia tienen que decidir estos días si prorrogan en sus funciones de juez de refuerzo a Francisco Pérez, el magistrado sustituto que lleva meses instruyendo el caso Andratx y haciendo juicios de faltas en el juzgado de instrucción 12 de Palma. Pérez ha dado un importante impulso a la instrucción de las casi 75 piezas separadas en las que se ha dividido el sumario. Ha decretado la apertura de juicio oral en varios de estos asuntos y el archivo de otros, pero queda mucho trabajo pendiente.