(Diario de Ibiza, 2/06/2010)

Los vecinos afirman que el fallo anula la licencia de este negocio levantado en suelo rústico

IBIZA | ALBERTO FERRER. El Ayuntamiento de Sant Josep estudia si pedir aclaraciones sobre la sentencia que acepta parcialmente el recurso contra la licencia municipal concedida a la carpintería Alba en 2006 y acuerda retrotraer la tramitación de este permiso de actividad al momento en que el Consell debía haber informado del interés general de este negocio. El fallo estima que dicha licencia «no se ajusta a derecho» pero no la declara nula expresamente, lo que ha generado confusión en el Consistorio, explicaba ayer el concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats.

Prats no descartó solicitar informes jurídicos sobre el sentido del fallo y, por el momento, se actuará «con cautela» en tanto que no quede claro si deben actuar contra la carpintería para no incurrir en posibles responsabilidades patrimoniales. El concejal recordó que este establecimiento se levantó en suelo rústico. Según queda establecido en la sentencia, la actividad se inició con posterioridad a 1990, por lo que su autorización debería haberse sometido al informe preceptivo de la Comisión Insular de Urbanismo y Patrimonio Histórico Artístico del Consell. Este organismo hereda las atribuciones de la Comisión Insular de Urbanismo, que en 2004 se declaró «incompetente funcional» para pronunciarse sobre la actividad de la carpintería Alba al considerar que ésta abrió antes de 1989.

Por otra parte, los vecinos de este establecimiento, que han promovido su ilegalización, consideran que el fallo «ha anulado la licencia» de este negocio. Insisten en que el Consell no fue parte del contencioso ni se ha impugnado ninguno de sus actos, a pesar de que retrotrae la tramitación hasta el momento en que la Ciotupha debe pronunciarse sobre el asunto, lo que aseguran que les ha causado «sorpresa».

Según la nota emitida por los denunciantes, el Consell se pronunció en dos ocasiones sobre el interés general de la carpintería, que denegó en 2001 afirmando que la actividad «no trasciende los meros intereses particulares».

«Quienes otorgan licencias de apertura son los ayuntamientos», recuerdan los vecinos en un comunicado y añaden que este acto administrativo «ha sido claramente declarado no ajustado a derecho por la sentencia». Por ello, expresan su satisfacción por un fallo que consideran que les da la razón.