(Diario de Mallorca, 7/05/2010)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que no hay excusas para proceder al derribo durante este año

M. ADROVER / T. OBRADOR. MANACOR. La Justicia ha ratificado que el puente elevado sobre el Riuet de Porto Cristo es ilegal y debe ser demolido antes de 2011. Una resolución dictada en marzo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB) ordenó al ayuntamiento de Manacor la demolición "completa" de la infraestructura estrenada en 2004 y que costó más de un millón de euros, a cargo del Consistorio, Consell y Govern. Ahora, un nuevo auto judicial acaba de desestimar el recurso de súplica presentado por el Ayuntamiento, dirigido por el pacto PP-AIPC, por lo que todo apunta a que el derribo es irremediable y las arcas públicas deberán afrontar una millonaria cantidad de dinero para cumplir la Ley.

De hecho, a finales del pasado mes de marzo los concejales Llorenç Bosch (PP) y Bernat Amer (Agrupació Independent de Porto Cristo) comparecieron ante los medios de comunicación e informaron de que ya se habían iniciado los trámites para encargar un proyecto de demolición por si no prosperaba finalmente el recurso de súplica, como finalmente ha ocurrido.

Así las cosas, pese a estar el asunto prácticamente sentenciado, no se descarta la presentación de recursos de amparo en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta medida in extremis, con la posibilidad de que incluso haya una significativa implicación de la ciudadanía y determinados colectivos, aparte evidentemente del Ayuntamiento, tiene muy pocas posibilidades de ser efectiva.

Recordar que la resolución judicial requiere también al propio alcalde, Antoni Pastor (PP), que antes del uno de julio de este 2010 presente ante al Tribunal el proyecto de demolición "debidamente aprobado por el correspondiente acuerdo municipal", y que antes del uno de octubre del mismo ejercicio presente a su vez y ante el mismo TSJB "cumplida justificación del inicio de las obras de demolición del puente por la empresa a la que se le hubieran previamente adjudicado las obras".

El entramado de demandas (una conjunta para lograr el derribo y cuatro particulares reclamando daños y perjuicios) y sentencias posteriores, comenzaron cuando el Consistorio decidió llevar a cabo dicho proyecto vial, de 7,5 metros de altura por 11 de ancho, y que dejaba parte de la finca Cap des Toi literalmente bajo el puente.

El pasado 11 de abril cerca de 500 vecinos se manifestaron con lemas como "Porto Cristo necessita aquest pont" y "Amb els doblers que ens ha costat no el podem tomar" y recogieron firmas. En contraste, la plataforma de vecinos afectados declaró ayer: "En modo alguno pretendemos ocasionar perjuicios a los vecinos de Porto Cristo, pero si la Administración hubiera actuado correctamente no nos encontraríamos en esta situación".

Una resolución dura contra el Consistorio

El último auto del TSJB concluye reiterando que "no existe imposibilidad legal de ejecutar la sentencia, como tampoco existe imposibilidad material para esa ejecución", por lo que "las cosas siguen estando donde estaban, esto es, ni siquiera ha aparecido circunstancia sobrevenida cualquiera tras el fallo de la sentencia y, por tanto, el Ayuntamiento tiene que estar a lo que hay que estar, es decir, la ejecución de la sentencia". Contra esta resolución no cabe recurso.