Palma: Cort recurre ante el Tribunal Supremo la sentencia de las casas de Son Anglada |
(Diario de Mallorca, 29/04/2010)
El TSJB obligaba a la alcaldesa a pagar 1.000 euros al mes si no derribaba unas obras ilegales
M. ADROVER. PALMA. El ayuntamiento de Palma acordó ayer en junta de Gobierno recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia sobre la parcelación y urbanización ilegal en la calle Tarragona de la barriada de Son Anglada. Unas irregularidades que tienen abierto un expediente de infracción urbanística desde hace más de 20 años y con sentencia firme desde el año 2000 que obligaba a la demolición de dos casas y a restituir un vial abierto en una plantación de almendros.
El proceso judicial lo inició la Asociación de Vecinos de Son Anglada que al ver que ni el ex alcalde Joan Fageda ni la ex alcaldesa Catalina Cirer procedían a demoler las viviendas ilegales, apeló al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). La sentencia de este tribunal se conoció en junio del año pasado y obligaba a la alcaldesa de Palma que hubiera en ese momento a pagar 1.000 euros mensuales si antes de dos meses no cumplía la sentencia y restablecía la legalidad en Son Anglada.
Cort recurrió ante el TSJB que desestimó la petición de Cort que argumentaba que la denuncia inicial era sólo por la apertura de un vial y no por la demolición de las casas. Ahora a Cort no le queda otro remedio que acudir a las más altas instancias judiciales del Tribunal Supremo para evitar que Calvo deba pagar los 1.000 euros mensuales.
El teniente de alcalde de Hacienda del ayuntamiento de Palma, Andreu Alcover, explicó ayer que han decidido interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo debido a que "la denuncia inicial se refiere a la apertura de un camino y ahora se pretende abrir a un ámbito territorial mucho más amplio que consideramos no es adecuado". Según el Ayuntamiento, la denuncia sólo se refería a un camino de 145 metros abierto en zona rústica.
En concreto se calcula que si se cumple la sentencia del TSJB implicaría la demolición de hasta 12 casas con sus correspondientes familias que habitan en ellas, lo que supone para el ayuntamiento de Palma un conflicto social. Alcover recordó que en Palma hay "muchas más" viviendas ilegales. Con este recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Cort consigue ganar tiempo antes de proceder a demoler las casas ilegales.