(Diario de Ibiza, 17/04/2010)

Sant Josep le ha remitido el expediente para determinar si se ha podido cometer algún delito - El Consistorio dio la licencia, pero después, a instancias del Consell y tras comprobar la obra y el proyecto, decidió dejarla sin efecto

IBIZA | E. RODRÍGUEZ La Fiscalía ha decidido investigar de oficio la construcción ilegal de seis bungalows en Cala d´Hort al amparo de una licencia concedida por el Ayuntamiento –cuyos efectos fueron suspendidos posteriormente por el propio Consistorio– para «la reforma y ampliación» de una casa payesa. Con esta licencia, el promotor construyó 616 metros cuadrados más (el cuádruple de la superficie original) distribuidos en siete bloques diferentes (de los que seis semejan bungalows) y una piscina de 100 metros cuadrados. Estas construcciones se levantan en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) protegida como Lugar de Interés Comunitario (LIC), que también es una zona de prevención de riesgo de erosión.

El Ministerio Público ha abierto diligencias informativas al tener conocimiento del caso a través de los medios de comunicación. Con la finalidad de estudiar todo el procedimiento seguido, el primer paso ha consistido en solicitar al Ayuntamiento el expediente. Con esta información, la Fiscalía tratará de determinar si se ha podido cometer alguna infracción penal y si se debe ahondar en la investigación. El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció los hechos. Acto seguido, el Consistorio ordenó la paralización de las obras.

El Consell también intervino al tener conocimiento del desarrollo de las obras en este espacio protegido. La Comisión Insular de Urbanismo y Patrimonio (Ciotupha) resolvió instar al Ayuntamiento a que dejara sin efectos el permiso de obra al considerar que constituye «una grave y manifiesta infracción urbanística» y es, por tanto, «de nulidad radical». Dado que la «ampliación» de esta casa payesa consiste en construir siete bloques nuevos, dotados cada uno de ellos de dormitorio y cuarto de baño, así como una piscina, el Consell deduce que «más bien responde al programa, distribución y configuración de un establecimiento de alojamiento turístico en suelo rústico». Al tratarse de una industria turística, habría requerido la declaración de Interés General por parte del Consell y una evaluación de impacto ambiental específica.

El Consistorio asumió los argumentos del Consell y la Junta de Gobierno resolvió suspender la licencia, que fue concedida en septiembre de 2007, con informes técnicos y jurídicos favorables.

El informe municipal encargado para analizar los argumentos del Consell concluye que la información del proyecto que se utilizó para la obtención de la licencia de obra «no era veraz», según el concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats. «Hemos analizado bien la documentación.

Se decía que era una vivienda existente de determinados metros y volúmenes. Hemos hecho un trabajo de investigación con fotografías aéreas existentes y hemos visto que se aportaron datos en el proyecto que no se correspondían con la realidad», justificó el edil, quien concretó que no se puede hablar de una reforma y ampliación de una casa existente porque «se ha desarrollado nueva construcción» y que, a tenor de lo que determina el Plan Territorial Insular (PTI), «tampoco se puede considerar la existencia previa de una vivienda».