(Diario de Ibiza, 8/04/2010)

Los representantes de la formación no darán apoyo a la Ley del Suelo en el Parlament si no se les permite consultar el texto previamente - El órgano de dirección ratifica el apoyo al texto del PTI

IBIZA | ALBERTO FERRER Eivissa pel Canvi (ExC) acordó apoyar la regularización de los urbanizables de Platja d´en Bossa y Cala Tarida –fuera de ordenación por sentencia judicial– en la última reunión ordinaria de su órgano de dirección celebrada el martes, aunque impone cinco condiciones. Entre ellas, la legalización se tendrá que conseguir sin reclasificar los terrenos, de forma que se impida su crecimiento. Por ello se deberá limitar a reconocer las zonas edificadas consolidadas dentro de estos sectores. Otra condición impone que la regularización ha de llegar «por la vía del trámite parlamentario» dentro de la futura Ley Balear del Suelo, comentó la diputada Marián Suárez.

A pesar de que en la rueda de prensa convocada ayer, un día después de la asamblea, se aseguró que la formación «está en contra» del recurso al decreto del Govern, esta afirmación se dejó fuera del acuerdo definitivo por la división que suscita en el seno de ExC. De hecho, diversas fuentes recuerdan que será «muy complicado» aprobar la Ley del Suelo, dada la situación actual de minoría de la coalición de gobierno en el Parlament, y por ello consideran que se tendrá que reconsiderar la opción del decreto en caso de que el texto no salga adelante.

Pese a la insistencia de los periodistas, desde la formación no concretaron cómo se actuará si esto sucede ni de qué manera se evitará reclasificar los dos sectores urbanizables que se quieren regularizar. Suárez niega, asimismo, que esté en trámite cualquier iniciativa legislativa en este sentido.

Por otra parte, en el encuentro se condicionó el apoyo a la Ley balear del Suelo de los representantes de ExC a que la formación pueda examinar el documento y pronunciarse al respecto, aseguraron fuentes de la formación. Suárez prevé que el trámite parlamentario del texto se hará «en breve». La diputada recordó que se trata de un compromiso del Pacte de Govern y aseguró que ya han participado en su redactado: «Le daremos un vistazo definitivo cuando se redacte el texto final y se cumplan todas nuestras aspiraciones», explicó.

La formación quiso salir al paso de las informaciones surgidas en torno a la descoordinación con los cargos electos de ExC con una comparecencia del portavoz de ExC, Josep Maria López Garí, la parlamentaria Marián Suárez y los consellers Miquel Ramon y Albert Prats, en la que atribuyeron dichas aseveraciones a «filtraciones interesadas».

Según dio a conocer Ramon, sólo son asumibles dos de las demandas que plantean los alcaldes del PP en las negociaciones que mantienen con el Consell para los progresistas: la regularización de los núcleos rurales y la posibilidad de reformar y ampliar los agroturismos y hoteles rurales. El conseller de Ordenación apuntó que una tercera reclamación del PP, la posibilidad de urbanizar y edificar a la vez, se aplicará «de manera automática» a partir de la aprobación inicial del PTI.

López Garí situó en este contexto sus recientes declaraciones en las que aseguraba que la formación no estaba al corriente de la negociación emprendida con los populares. El portavoz las atribuyó a la «precipitación» que provocó la divulgación de un documento con las demandas de los ediles, de la que hace responsables a los populares. Garí aseveró ayer que ese documento «hacía meses que se conocía». Ramon añadió al respecto que se trata de «la primera propuesta que presentaron».

Garí recalcó que el conseller de Ordenación, Miquel Ramon, participa habitualmente en las asambleas para dar cuenta de cuestiones urbanísticas, aunque según diversas fuentes, tuvo que escuchar los reproches de un sector de la formación por no haber informado de las conversaciones con el PP.

En la comparecencia, el portavoz justificó esta situación asegurando que aún no se ha llegado a la fase de elaboración de propuestas en la negociación, por ello «no hay nada sobre lo que ExC deba pronunciarse». Según considera, por el momento es el Consell quien asume la negociación por la voluntad del presidente de llegar a acuerdos. Se está estudiando la viabilidad de las demandas de los conservadores y, antes de llevarlas a cabo, deberán trasladarse tanto al PSOE como a Eivissa pel Canvi para recabar su conformidad. Albert Prats puntualizó que tanto él como la consellera Marga Torres, también miembro de ExC, han estado informados «en todo momento» de las negociaciones.

En la asamblea también se ratificó el apoyo a la revisión del Plan Territorial Insular que tramita el Consell y que Ramon anunció que se podría llevar a aprobación inicial de manera «inminente».

Regular los núcleos rurales y los agroturismos

IBIZA | A. F. F. El conseller de Ordenación, Miquel Ramon, adelanta que hay varias peticiones del PP que se podrían asumir sin dificultades, como la regulación de los agroturismos y hoteles rurales de la isla para eximirlos del decreto Nadal II, que prohíbe ampliar estos establecimientos: «Con las competencias del Consell en ordenación turística se podría intervenir», declaró.

Ramon afirmó que los técnicos avalan la legalización de los núcleos rurales antiguos, a pesar de que esta opción se consideraba poco viable. Según explicó, la definición de estos núcleos que se hace en el PTI bastará para legalizarlos.

Por otra parte, explicó que hay varias demandas del PP que «ya han sido rechazadas» en las negociaciones abiertas entre el presidente del Consell, Xico Tarrés, y los alcaldes de Santa Eulària, Vicent Marí, y Sant Antoni, José Sala. Ramon descartó, por ejemplo, que se vaya a permitir a los ayuntamientos que modifiquen las zonas de protección en torno a los Bienes de Interés Cultural como las iglesias.

Tampoco será posible autorizar el desarrollo de zonas urbanas sin alcantarillado. De todos modos, Ramon recordó que en el decreto de sa Coma se autorizan excepciones, siempre que esté acreditada la justificación, y concede un plazo de dos años a las promotoras para conectar con el saneamiento.

En otros casos, el Consell no se compromete a dar una solución porque no tiene atribuciones para intervernir. Por ejemplo, se les pedía autorización para legalizar las obras irregulares en suelo rústico pasado el plazo de ocho años –lo que tarda en prescribir esta infracción urbanística–, pero Ramon recuerda que estos casos dependen de los Ayuntamientos. De todos modos, se mostró favorable a que se impongan unas cargas para que al infractor no le compense el incumplimiento de la ley.