(Diario de Ibiza, 7/04/2010)

La formación de izquierdas acuerda, durante una reunión tensa con reproches entre sus miembros, que si la ley no puede sacarse adelante en el Parlament, la legalización podría hacerse a través de un decreto-ley

IBIZA | REDACCIÓN / N. G. G. La dirección de Eivissa pel Canvi (ExC) acordó ayer aceptar la regularización de urbanizaciones levantadas en suelo rústico y ya consolidadas siempre que se haga a través de la Ley del Suelo. No obstante, la formación de izquierdas decidió que, en el caso de que dicha ley no pueda sacarse adelante por falta de mayoría en el Parlament, la legalización de los urbanizables se pueda hacer a través de un decreto-ley, según pudo saber este diario.

La reunión de los miembros del órgano de dirección se prolongó cuatro horas –entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche– y en la misma se trataron tan sólo cuestiones de tipo urbanístico. Concretamente, se habló del Plan Territorial de Ibiza, de la Ley del Suelo y de la negociación entre el PP y el equipo de gobierno del Consell para legalizar núcleos que están fuera de ordenación.

Al parecer, durante la reunión se vivieron momentos de tensión y se cruzaron los reproches realizados al conseller de Política Territorial y miembro de Esquerra Unida, Miquel Ramon, a quien pidieron explicaciones, como también las que el propio Ramon hizo a miembros del órgano directivo de la agrupación progresista.

Según las fuentes consultadas por este diario, Ramon explicó que él asistió a la reunión con los alcaldes del PP en calidad de conseller y no como miembro de ExC. Por su parte, los otros dos consellers del equipo de gobierno pertenecientes a la formación de izquierdas, los independientes Albert Prats y Marga Torres, señalaron que ellos no tenían conocimiento alguno sobre que se estaba negociando para legalizar construcciones en suelo rústico.

Al acabar la reunión, el portavoz de ExC, José María López Garí, eludió hacer comentario alguno sobre el contenido de la misma o sobre las decisiones adoptadas. «Hemos decidido que no haremos declaraciones», zanjó López Garí, quien remitió a una rueda de prensa convocada para esta tarde en la que, dijo, se informará sobre lo acordado.

Las negociaciones

La polémica en torno a la negociación de esta regularización surgió la semana pasada, después de que se informara de que el equipo de gobierno del Consell de Ibiza y el PP estaban ultimando los detalles de un acuerdo para llevar al Parlament una serie de modificaciones urbanísticas en la legislación actual. Éstas permitirían flexibilizar limitaciones actualmente vigientes, legalizar obras construidas de forma irregular y urbanizaciones construidas sobre suelo rústico e incluso eliminar trámites para la aprobación de equipamientos públicos y viviendas de protección oficial.

Días después, el portavoz de ExC aseguró que las negociaciones le habían «cogido por sorpresa» y que no estaba informado de las peticiones formuladas por los alcaldes del PP Vicent Marí y José Sala. Garí, que señaló que algunas cosas se podrían hablar pero que otras eran «completamente inasumibles», dijo que pediría explicaciones al PSOE sobre el contenido de las negociaciones.

El presidente del Consell, Xico Tarrés, replicó a Garí y le recordó que ExC había participado en todas las reuniones, pues en ellas estaba Miquel Ramon. «Si no se coordinan entre ellos tienen un problema grave», señaló Tarrés.

El PSOE dice que no es el partido el que negocia con el PP

IBIZA | N. G. G. Representantes de la Federación Socialista de Ibiza resaltaron ayer, después de que ExC dijera que pedirá explicaciones al PSOE sobre la ley que se está acordando con el PP, que el partido no negocia propuesta territorial alguna. «Es falso», dijo el secretario de Medio Ambiente y Territorio del PSIB-PSOE, Joan Boned, que afirmó que es el equipo de gobierno del Consell el que, «haciendo lo que le corresponde», trata con alcaldes populares algunos temas territoriales. «Y con los que no son del PP», apostilló su homólogo de la FSE-PSOE y alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas.

En este sentido, Boned destacó su «sorpresa» por las declaraciones de Garí sobre que no conocía ni la existencia ni el contenido de las negociaciones cuando «cargos públicos de ExC, formando parte del gobierno del Consell, participan en las reuniones». «En cualquier caso, las explicaciones que se tengan que pedir, que cada uno las pida dentro de su propio partido», añadió.

Supuesta involución

Boned también se hizo eco de las críticas del GEN respecto a que se pretendían pactar irregularidades y que esto supone una «involución» en materia territorial. «Ningún partido de los que gobierna está dispuesto a cometer ningún tipo de irregularidad, ni urbanística ni de ningún tipo», señaló. Según Boned, «en determinados momentos y gobernando el PP» se hicieron las cosas «muy mal» y son las consecuencias de esa gestión territorial las que ahora están sobre la mesa. «Eso es en lo que el presidente del Consell, Xico Tarrés, y el equipo de gobierno intentan poner orden y colocar dentro de un marco legal», indicó. «Ni el presidente del Consell ni el conseller de Territorio están negociando para que se aprueben nuevas urbanizaciones en nuevos lugares», insistió.

Boned y Marí Ribas se refirieron a la regularización de los sectores urbanizados sobre suelo rústico e invalidados por sentencia judicial y dijeron que se busca que «no queden en una burbuja fuera de ordenación». No obstante, diferenciaron casos como Platja d´en Bossa y Cala Tarida, donde «la urbanización está acabada, están dotados de servicios, tienen una importante actividad turística y dan empleo», de otros como los de Port des Torrent o ses Variades, donde «no hay nada construido». «Queremos que estos suelos [los de Platja d´en Bossa y Cala Tarida] sean reconocidos y no queden desclasificados», insistió Marí Ribas, mientras Boned destacó que en época de crisis «zonas consolidadas y garantía de la llegada de turistas no pueden ser fuente de conflicto». «Nadie intenta que las soluciones sean las mismas para unos y para otros», añadieron.

Sobre la construcción de campos de golf, aseguraron que respetarán el pacto de gobierno y no se autorizará ninguno en esta legislatura.

Los dirigentes socialistas desearon que la nueva regulación se apruebe en esta legislatura ya que, dijeron, el objetivo es «encontrar soluciones» y «cuanto antes, mejor».