(Diario de Ibiza, 1/04/2010)

El Ayuntamiento anuncia ahora que abrirá un expediente de disciplina urbanística y reitera su «voluntad de acatar la sentencia». «No hay lugar a ningún tipo de sanción contra el Consistorio ni contra el alcalde»

IBIZA | J. LL. F. El Ayuntamiento de Sant Josep ha anunciado que el Consell Consultiu de Balears –máximo órgano jurídico de la Comunitat Autònoma– ha declarado inviable la solución propuesta por el Consistorio para legalizar el Residencial Cala Pinet, en la bahía de Portmany, que está afectado por una sentencia judicial que declara ilegal una parte de este grupo de apartamentos.

El Ayuntamiento había planteado, «para cumplir esta sentencia, anular la segregación de una parte de la parcela del propio edificio, hecho originario del problema, ya que provocaba el incumplimiento de los retranqueos». El Consistorio consideraba que esta fórmula «era la que causaba los mínimos perjuicios a terceros», según una nota emitida por el equipo de gobierno en relación a este tema. La sentencia judicial contemplaba también la posibilidad de llegar a demoler la parte ilegal de estos apartamentos.

El Consell Consultiu alega que esta alternativa no es posible «por tiempo que ha transcurrido desde que se realizó la segregación», según un comunicado municipal.

«Acatar la sentencia»

Ante esta situación, «el Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado el correspondiente expediente de disciplina urbanística para restablecer la legalidad del edificio», añade la nota, lo que implica derribar lo construido ilegalmente. Además, el equipo de gobierno afirma que está «demostrando una vez más su voluntad de acatar la sentencia y de hacerla cumplir».

Al propio tiempo, considera que «no hay lugar a ningún tipo de sanción contra el Consistorio ni contra el alcalde».

Con esta frase, la nota alude al auto emitido a finales del año pasado que otorgaba un plazo de cuatro meses al Ayuntamiento para que restableciera la legalidad infringida en esta zona. Finalizado ese plazo, la juez advertía al alcalde de que iniciaría la imposición de multas de 1.000 euros mensuales a él y a los responsables municipales que fuera pertinente hasta que se recuperara dicha legalidad. Los cuatro meses finalizaron esta misma semana.

El alcalde, Josep Marí Ribas, ha resaltado en varias ocasiones que se trata de un caso heredado de la anterior etapa del Partido Popular y que el actual Ayuntamiento trata de resolverlo «causando los mínimos perjuicios posibles a los intereses municipales».

Ahora, el juzgado deberá pronunciarse sobre si mantiene la sanción anunciada o considera suficiente la actuación municipal.