(Diario de Ibiza, 30/03/2010)

El presidente del Consell y la oposición impulsan un paquete de modificaciones urbanísticas destinadas a flexibilizar limitaciones actuales. El PP espera que Tarrés rectifique la «injerencia» de sa Coma

Nota de Disúrbia: recepta habitual a les Pitiüses: si la realitat no s'ajusta a la Llei, canviam la Llei abans que la realitat...

IBIZA | J. LL. FERRER. El equipo de gobierno del Consell de Ibiza y el PP están ultimando los detalles de un acuerdo para llevar al Parlament una serie de modificaciones urbanísticas en la legislación actual que permitan flexibilizar limitaciones actualmente vigentes, legalizar obras construidas de forma irregular e incluso eliminar trámites para la aprobación de equipamientos públicos y viviendas de protección oficial.

Según el documento al que tuvo accceso ayer este periódico, se trata de ocho medidas en total, destinadas casi todas a suprimir restricciones urbanísticas. Una de ellas, la número dos, tiene como objetivo legalizar urbanizaciones que han sido levantadas en suelo rústico y que las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) catalogaron como Área de Protección Territorial (APT) por encontrarse en la franja de 500 metros de la costa. La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears ha avalado el carácter rústico de estos terrenos.

El punto número cinco propone, por otra parte, permitir a los planteamientos urbanísticos municipales crear directamente suelos urbanizables para ser destinados a equipamientos públicos o Viviendas de Protección Oficial (VPO), «lo que evitaría tener que incluirlos como urbanos de justificación más o menos discutible», según la anotación que figura en el documento obtenido por este periódico. En estos terrenos no habría necesidad de posterior tramitación de planeamiento de desarollo.

El punto número seis pretende legalizar núcleos edificados en suelo rústico mediante su declaración como núcleo rural «con independencia de su origen». Actualmente, para poder legalizar estos núcleos se exigen una serie de requisitos y condiciones que son considerados un «impedimento» que se debe «salvar», según el documento.

Otro apartado llega a pedir la recuperación de una ley aprobada por el PP, la 11/2005, para permitir la legalización de determinadas edificaciones en suelo rústico, «acotando tal vez las posibilidades mediante fijación de fechas de edificación o de plazo para la legalización».

El punto número ocho propone «recuperar mediante ley la regulación del Plan Territorial Insular respecto de los agroturismos y que ha sido sustituida por la contenida en el decreto 60/2009».
En otro apartado se pide poder simultanear la urbanización de las parcelas y la construcción de los edificios, que en Ibiza excluyó el decreto Nadal.

Fuentes del equipo de gobierno del Consell confirmaron que hace «cuatro o cinco meses» que se negocia este documento, con el que «se quiere dar una solución legislativa de tipo autonómico» a estas cuestiones específicas de Ibiza. Aunque las reuniones aún no han terminado, «están a punto de hacerlo», afirmaron estas fuentes.

Ayer mismo tuvo lugar una reunión en el Consell entre Tarrés, el conseller de Urbanismo, Miquel Ramon, los alcaldes de Sant Antoni y Santa Eulària y el portavoz del PP, Pere Palau, para seguir perfilando este paquete legislativo. Los dirigentes conservadores recriminaron a Tarrés su decisión de aprobar mediante decreto el plan de sa Coma, puesto que constituye «una injerencia en las competencias de los ayuntamientos». Sin embargo, afirmaron que Tarrés se ha comprometido a solventar esta posible invasión competencial con un nuevo artículo en el conjunto de medidas urbanísticas que se están pactando para una futura ley balear sobre Ibiza.