(Diario de Ibiza, 6/12/2009)

El Juzgado de Instrucción número 3 investiga por qué el Consistorio no ha ejecutado aún su demolición - El equipo de gobierno aprobó la legalización de la vivienda de 447 metros cuadrados en octubre de 2006

IBIZA | EUGENIO RODRÍGUEZ. La ´amnistía´ aprobada por el Govern balear del PP en diciembre de 2003 para evitar el derribo de la mansión de Michel Cretu en Santa Agnès no sirvió para el fin por la que fue concebida, pero el Ayuntamiento de Sant Josep echó mano de ella para aprobar la legalización de un chalé de 447 metros cuadrados en la finca ´sa Cova´ del Puig des Corb Marí, en el Parque Natural de ses Salines, con sentencia judicial firme de demolición. El Consistorio ha confirmado a este periódico que el 30 de octubre de 2006 el equipo de gobierno aprobó la legalización de esta casa al amparo de la controvertida disposición adicional 18 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunitat Autònoma de 2003.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza ha abierto una investigación, a instancias de la Fiscalía, por el incumplimiento de la sentencia de demolición de la vivienda del 9 de diciembre de 2002, en primera instancia, ratificada el 10 de diciembre de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia. También se investiga a raíz de una denuncia del Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) por qué no se ha ejecutado el derribo de otras tres viviendas en Puig d´en Serra, Sant Agustí y Cala Codolar.

El Ayuntamiento de Sant Josep concedió a la empresa Skaren S.A. licencia para la construcción de la vivienda el 14 de enero de 1994. Anteriormente, en 1985, el Consistorio aprobó otra autorización de obra que no se llegó a ejecutar. El Consell declaró nula la licencia de obra al darse sin pasar el control de la Comisión Insular de Urbanismo (CIU), en contra de lo que determina la ley de Disciplina Urbanística.

La cota 200 metros

Además, en abril de 2000, la CIU emitió un informe desfavorable a la solicitud de legalización de la construcción ya que se levantó en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) de alto nivel de protección por encima de la cota 200 metros, lo cual va en contra de la disposición transitoria primera de la Ley de Espacios Naturales (LEN). Se trata de una de las causas que obligaron al Ayuntamiento de Sant Antoni a ejecutar la demolición de la casa de Cretu, en Santa Agnès. Precisamente, el anterior Govern balear del PP incorporó en la primera ley de acompañamiento de los presupuestos de la pasada legislatura una medida específica para tratar de salvar la vivienda de Santa Agnès. Entre los requisitos a medida incluidos en esta disposición adicional figuraba que la vivienda objeto de legalización se situara por debajo de la cota de 250 metros y se no se ubicase en la franja de 250 metros contigua a la ribera del mar. Los propietarios que quisieran acogerse a esta ley tenían que presentar un proyecto de recuperación paisajística específicamente diseñado para disminuir su impacto, así como una fianza, aval o cualquier otro medio de garantía admitido en Derecho para garantizar su ejecución.

En el caso de Cretu, la ´amnistía´ de Cretu se quedó corta porque, según un auto dictado por la magistrada Carmen Frígola, la casa no sólo se construyó por encima de la cota 200 (y por debajo de la cota 250), sino en el punto más alto de la finca, incumpliendo así los artículos 11.1 y 16 de la Ley de Espacios Naturales (LEN). El Parlament balear ha aprobado esta legislatura la ley 4/2008 de medidas territoriales que, entre otras cosas, deroga la ´amnistía´ Cretu (la disposición adicional 18 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunitat de 2003).

El concejal de Urbanismo de Sant Josep, Josep Antoni Prats, reconoce que se sorprendió al tener conocimiento de que el Ayuntamiento había legalizado la pasada legislatura esta construcción sobre la que pesa orden de demolición y que no conocía los detalles del expediente (se encuentra en la Fiscalía). Prats señaló que tampoco tenía conocimiento de que el anterior equipo de gobierno, del PP, hubiera utilizado la ´amnistía´ Cretu para legalizar otras viviendas.

El GEN exige su anulación

El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) exige la revocación de la legalización de la casa de Puig des Corb Marí promovida por Skaren al entender que de ninguna manera se puede mantener en pie. Fuentes del grupo ecologista aseguraron ayer a este periódico que, de ser cierto, los miembros del equipo de gobierno que hubieran aprobado esta medida podrían haber incurrido en un supuesto delito de prevaricación. El GEN asegura que pondrá en conocimiento de la Fiscalía estos hechos para que actúe. Las fuentes consultadas recuerdan que esta construcción no podía ampararse en la ´amnistía´ de Cretu porque, aparte de construirse por encima de la cota 200 (incumpliendo la LEN), la casa se encuentra dentro del Parque Natural de ses Salines. De hecho, el informe desfavorable del Consell de junio de 2004 también destaca esta situación para declarar la vivienda como ilegalizable.