(Diario de Ibiza, 20/10/2009)

La notificación oficial de la providencia del TSJB que hace firme la sentencia de demolición no ha llegado a la institución insular - «Nos hemos encontrado el problema sobre la mesa», explica el conseller de Urbanismo

FORMENTERA | CARMELO CONVALIA. El conseller de Urbanismo de Formentera, Bartomeu Escandell, manifestó ayer, en relación a la concesión de la licencia de Ca ses Castellones en abril de 2005, que la institución «tendrá que pedir responsabilidades a quien las tenga, a quien intervino» en el caso. «Nosotros, como equipo de gobierno –agregó–, nos hemos encontrado el problema sobre la mesa con una sentencia que hay que cumplir pero pediremos responsabilidades a quienes, en ese momento, hicieron esos actos» relacionados con el permiso para construir.

Tras la reunión con los servicios jurídicos del Consell para abordar el inicio del expediente de demolición del centro comercial Sant Ferran, Escandell aclaró que, aunque tienen constancia de la firmeza de la sentencia, todavía no han recibido la notificación oficial del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que da cuenta de la resolución. Cuando llegue, el Consell tendrá diez días para iniciar el expediente de demolición de los tres edificios de locales comerciales, de una superficie total construida (en planta y piso) de 1.234 metros cuadrados.

La diligencia judicial del pasado 13 de octubre da por firme la sentencia de demolición y señala que transcurrido el plazo de «dos o tres meses –según se condene al pago o no de cantidad líquida– cualquier de las partes y personas afectadas podrán solicitar la ejecución forzosa de la sentencia».

El conseller de Urbanismo reiteró que la máxima preocupación que tiene la institución son las consecuencias económicas que se puedan derivar de la ejecución de la sentencia. Admitió que la Institución insular tendrá que reunirse con la promotora de los locales comerciales, Plaça de Sant Ferran S.L., para valorar las eventuales indemnizaciones que se puedan derivar del derribo, ya que la actuación de la promotora está avalada por una licencia de obras concedida en su momento por el Ayuntamiento de la isla pero que a principios de este año el TSJB anuló, obligando a «la reposición de las cosas a su estado anterior a la ejecución de las obras».

Por su parte, el conseller del PP, Juanma Costa, que firmó como alcalde la licencia de obras en 2005, reiteró ayer, antes de interesarse en el Consell sobre la situación del expediente, que en aquel momento siguieron el procedimiento habitual ante la solicitud de la licencia del centro comercial y que actuaron con el aval de todos los informes pertinentes, incluido el de la Comisión insular de Urbanismo. Costa añadió: «De no haberlo hecho así, incluso se me podría acusar de prevaricación; lo que no puede hacer nunca un político es no dar una licencia cuando todo está en regla y todos los informes son favorables».

Sin embargo, la sentencia del TSJB que obliga a la demolición de los edificios señala, en el punto siete sobre la interpretación de la Ley del Patrimonio Histórico: «La existencia de un informe de la Comisión Insular de Patrimonio no exime a la autoridad urbanística que ha de conceder la licencia del deber de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Patrimonio Histórico que sean de aplicación directa».

Costa recordó que el equipo de gobierno que presidió entre 2003 y 2005 dio el permiso de obras una semana antes de la moción de censura que le hizo perder la alcaldía: «Fue posteriormente, con el otro equipo de gobierno, cuando se presentó un recurso cuyo resultado desconozco».

El relevo lo tomó entonces Isidor Torres, que lideró la moción de censura de la COP con el apoyo del PREF. El ex alcalde progresista recuerda que, en aquel momento, la licencia de obras del centro comercial estaba ya en poder de los promotores. La única actuación en la que participó fue la referida a un recurso de un vecinos sobre el solar de Ca ses Castellones que concluyó dándole la razón y reconociendo que parte de la superficie del solar en ligio era de su propiedad.

Torres apuntó que el equipo de gobierno que presidió, entre 1999 y 2003, se negó a otorgar la licencia de obras «a pesar de la insistencia de la promotora», al existir un informe desfavorable de 1999 de la Comisión Insular de Urbanismo. Un año más tarde, este organismo cambió de criterio y dio el visto bueno al proyecto.