(Diario de Ibiza, 8/10/2009)

Los magistrados rechazan el recurso del alcalde contra la multa que se le impuso y recuerdan que el Consistorio tuvo seis años para demolerla

IBIZA | E. RODRÍGUEZ Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) aseguran que el Ayuntamiento de Sant Antoni, con el alcalde José Sala a la cabeza, «han pretendido siempre impedir la ejecución de la demolición» de la mansión de Michel Cretu en Santa Agnès. La sentencia con la que se rechaza el recurso presentado por Sala en contra de la multa que le impuso la jueza del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma por el retraso en el derribo de la casa, señala que la orden de demolición fue confirmada por orden judicial en 2003 y que desde entonces el Consistorio puso «obstáculo tras obstáculo» para evitarlo.

«Primero con el intento de legalizar la obra a demoler», dice la sentencia del TSJB en alusión a la amnistía aprobada por el Govern de Jaume Matas en la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunitat. «De ahí que la demolición no se llevase a cabo ni en 2003, ni en 2004, ni en 2005, ni en 2006, ni en 2007, ni en 2008», señala la resolución, que, además, impone a José Sala el pago de las costas del proceso.

«Pues bien, esa insoportable situación para el Derecho tenía que ser remediada, es decir, la resistencia que saltaba a la vista tenía que ser vencida», agregan los magistrados para justificar el hecho de que la jueza dictase un auto el 9 de febrero de 2007 en el que daba un plazo de un año y medio al Ayuntamiento para ejecutar el derribo, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, el alcalde podría ser sancionado al pago de una multa, como así fue. Sala ha pagado 4.000 euros de su bolsillo (1.000 euros mensuales) por el retraso acumulado.

La sentencia también destaca que durante el año y medio que la jueza dio de plazo al Ayuntamiento para derribar la casa «ni siquiera se habían adjudicado las obras de demolición». El alcalde alegó que la jueza tardó cuatro meses en conceder la autorización judicial para entrar en la casa y que eso retrasó el proceso, aunque no se hace ninguna mención de ello en la resolución judicial. La sentencia señala que «carece de trascendencia» lo que solicitasen una u otra parte antes o después del plazo mencionado, ya que «lo verdaderamente sustancial es que el Juzgado podía —y debía— actuar de oficio para poner remedio al incumplimiento de la sentencia, disimulado o indisimulado».

El teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, destaca, precisamente, que si la jueza no hubiera tardado cuatro meses en autorizar la entrada en la casa, «el alcalde no hubiera pagado ni un euro». Pantaleoni indicó que el primer edil no tiene otro remedio que aceptar la sentencia, aunque lamenta que no se hayan aceptado ni una sola de sus alegaciones.