(Menorca, 12/09/2009)

En diciembre de 2007 había abiertos 161 expedientes, mientras que entre enero de 2008 y hasta la fecha se contabilizan 66

L.M.F.  Maó. Más eficacia a la hora de velar por el cumplimiento de la disciplina urbanística y la consiguiente concienciación ciudadana explican, según Joan Marqués, la ralentización de las infracciones en suelo rústico que se deduce del número de expedientes abiertos desde la puesta en marcha del Consorcio para la protección de la legalidad urbanística en 2006 hasta diciembre de 2007 (161) y desde enero de 2008 hasta ahora (66).

Esta tendencia, observada en los últimos meses, contribuye a la “satisfacción” que el conseller de Ordenación del Territorio siente por la labor desarrollada por la entidad consorciada que preside. “Estamos muy satisfechos del funcionamiento del Consorcio por lo que supone de actuación mancomunada y porque Menorca sale beneficiada al velarse  para que no haya actuaciones que alteren su desarrollo sostenible ni el paisaje”, afirma Marqués.

El conseller y presidente destaca que la línea de trabajo del Consorcio “está plenamente  consolidada y esto ha hecho que la ciudadanía entienda que ha de solicitar los permisos y las licencias oportunas si decide realizar alguna edificación”. Para Marqués, esta aceptación por parte del ciudadano responde a la “ecuanimidad y la racionalidad” de los expedientes.

“La gente sabe que detrás de las actuaciones del Consorcio no existe una manía de un vecino, sino un procedimiento que responde a criterios objetivos y con todas las garantías. Además, hemos ganado en unidad porque en este momento son todos los ayuntamientos de la Isla los que participan en el Consorcio”, argumenta Marqués.

Eficiencia

En este sentido, el presidente del Consorcio recalcó que con todos los municipios consorciados la protección del suelo rústico gana en “coherencia, unidad de criterio y continuidad a lo largo del tiempo” y los ayuntamientos reducen gastos y optimizan sus recursos humanos.

“El Consorcio no tiene carácter lucrativo aunque supone una reducción importante de los gastos, los técnicos municipales quedan liberados de estas tareas y pueden dedicarse a otras cosas y también los alcaldes que, únicamente han de acudir a las juntas de gobierno”, detalla Marqués.

A la vista de las explicaciones del conseller, todo son ventajas, excepto para quien decide no respetar la disciplina en terrenos protegidos. Desde su puesta en marcha en 2006, el Consorcio ha abierto 227 expedientes, de los que se han derivado la restitución de 81 actuaciones ilegales y el cobro de sanciones por valor de 430.000 euros.

Diferente trato al infractor

La demolición es el destino que la legalidad reserva a aquellas construcciones que no se ajustan a la normativa y son muchos los propietarios o promotores que deciden ejecutarla voluntariamente cuando es imposible legalizarlas. Esta actitud puede tener su premio, pues la Junta de Gobierno del Consorcio puede aplicar la sanción mínima en estos casos, es decir el 50 por ciento del coste de ejecución de la obra (la máxima asciendo al cien por cien de dicho coste). Asimismo, la entidad consorciada intenta dar un “punto de discreción” a estos derribos. “La situación ya es bastante ingrata como para que se le de publicidad”, reconoce el presidente, Joan Marqués. A los menos colaboradores les espera un trato diferente. Además de pagar la sanción máxima han de abonar íntegramente los trabajos de demolición ejecutados por la empresa contratada por el Consorcio, que puede actuar de forma subsidiaria para devolver los terrenos a su estado original.