(Diario de Mallorca, 30/06/2009)

SEBASTIÀ VERD Las leyes están para que se cumplan y los alcaldes y alcaldesas para hacerlas cumplir y dejar de mirar hacia otro lado, sobre todo en el terreno urbanístico que es donde más infracciones se cometen por metro cuadrado. Mallorca está plagada de irregularidades urbanísticas sin que casi nunca pase nada. Aunque no siempre. A veces, las denuncias llegan a los tribunales y éstos responden con órdenes de derribo. Hay muchas sentencias en este sentido y, sin embargo, pocas se han cumplido y de ahí que, hartos, los tribunales –en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Balears– hayan decidido coaccionar legalmente a los ediles para que, como responsables que son, hagan cumplir la ley en todos sus extremos. No es la primera vez que ocurre. Hay antecedentes en otros municipios –en Santa Margalida y Deià, por ejemplo– pero sí la primera vez que una sentencia implica a la alcaldesa de Palma y que se relaciona con una auténtica plaga: la de las urbanizaciones ilegales que han ido proliferando en la periferia de la ciudad desde la década de los setenta. Esta última sentencia condena a la alcaldesa Aina Calvo a tener que pagar de su bolsillo mil euros mensuales en tanto que no ordene, y se ejecute, la demolición de una obra ilegal realizada a finales de los años ochenta, cuando era alcalde Ramón Aguiló. El problema es que Aguiló inició los trámites para hacer cumplir la sentencia, pero las complejidades administrativas y la aparente nula predisposición de quienes le sucedieron en el cargo hicieron que se llegara a 2009 sin ejecutar nada. El asunto ha perdurado hasta hoy y es ahí donde vuelven a entrar en juego el TSJB y la actual alcaldesa, como máximo responsable de una administración que no ha hecho cumplir la ley ni respetado la Justicia. Con un agravante, lo que en principio fue un vial abierto al margen de las normativas urbanísticas se convirtió en una urbanización, en Son Anglada, una más entre las muchas ilegalidades que rodean Palma. En este momento el vial da acceso a 14 casas que, como es evidente, son tan ilegales como el camino y, por tanto, también podría haber orden de derribo sobre todo el conjunto.

El problema ha sido, y sigue siendo, la falta de vigilancia urbanística. Los ayuntamientos, y el de Palma no es una excepción, han sido absolutamente permisivos en materia urbanística, lo que ha hecho que la especulación haya campado a sus anchas y se haya extendido por todo el territorio. Allí donde no llegaban las recalificaciones llegaban promotores con pocos escrúpulos o ciudadanos que se aprovechaban del descontrol para construir su casa a precios más económicos. Los alcaldes nunca han estado a la altura. La política de hechos consumados, y la corrupción, han sido la tónica general y por eso el hartazgo de los jueces. Un constructor ilegal es culpable, pero su delito no sería posible si la vigilancia fuese eficaz o sí, una vez denunciada la ilegalidad, se hicieran cumplir las leyes a rajatabla. Si un tribunal cursa una orden de demolición es para que se cumpla. Y un alcalde, o alcaldesa, no puede cruzarse de brazos. Ésta es la lección. La broma –no es ninguna broma– puede salirle muy cara a Aina Calvo si no consigue poner en marcha las brigadas municipales. Tiene dos improrrogables meses para hacerlo. El Tribunal Superior de Justicia es consciente de la complejidad de este caso e, incluso, de las repercusiones sociales que pueda tener dado el tiempo trascurrido y el tipo de construcciones realizadas, pero la sentencia no da lugar a dudas. El Ayuntamiento ha de restituir la legalidad. Es su competencia y la alcaldesa responsable de hacerlo.