(Diario de Ibiza, 19/06/2009)

El Ministerio Público analiza el fallo que exculpa a los responsables de la recalificación urbanística

IBIZA | A. F. F. La Fiscalía recurrirá «seguramente», según informaron fuentes del Ministerio Público, la sentencia de la juez Clara Ramírez que exculpó en primera instancia a los cuatro acusados del caso ses Torres contra los que la acusación pública presentó cargos al apreciar indicios de un delito de prevaricación urbanística: el ex alcalde, Vicent Guasch, el teniente de alcalde, Vicent Riera, el aparejador municipal, Vicent Marí, y el ex asesor legal del alcalde, José María Roig Vich.

La Fiscalía de Ibiza estudia en profundidad la sentencia de la magistrada titular de la sala de lo penal número uno de Ibiza, que considera que, a pesar de avalar la urbanización de la zona, ninguno de los políticos ni técnicos encausados favoreció la edificación de esta parte de Jesús.

Precisamente, fuentes conocedoras del veredicto avanzaron que la argumentación del recurso ante la Audiencia podría ir en el sentido de poner en evidencia el hecho de que el documento que se utilizó para recalificar la zona, el PDSU, estaba invalidado judicialmente, aunque no lo hiciera de una manera formal porque no era el hecho juzgado entonces, la impugnación de una licencia.

En esta línea, se aludirá a la actuación de los gobernantes de Santa Eulària que, conociendo esta situación, siguieron concediendo licencias y autorizando la urbanización de un suelo urbanizable en el que faltaba por tramitar el imprescindible plan parcial.

El fallo judicial supuso un duro varapalo a la acusación popular, que presentó cargos, además, contra una ex técnica urbanística y el promotor de la urbanización, para los que reclamaba sanciones económicas y penas de inhabilitación.

Aunque Ramírez no empleó los mismos calificativos contra la acusación pública, sí desestimó la petición de una multa de 120.000 euros y la inhabilitación especial para cargo público que reclamaba contra los inculpados, a los que consideraba autores de un delito de prevaricación urbanística al autorizar que se urbanizara una zona mayor a la permitida en ses Torres a cambio de una mayor cesión de suelo para equipamientos deportivos.